La Guardia Nacional en Los Ángeles por orden de Trump marca un giro histórico y legal en EE.UU.
La decisión del expresidente Donald Trump de desplegar más de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles sin el consentimiento del gobierno estatal ha marcado un precedente legal y político en la historia contemporánea de Estados Unidos. El operativo se dio en medio de protestas por redadas migratorias del ICE, que, según autoridades locales, eran en su mayoría pacíficas.
El gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, no aprobaron la intervención. A pesar de ello, la Casa Blanca anunció el envío de otros 2.000 efectivos, lo que intensificó la tensión entre el gobierno federal y las autoridades estatales.
Trump justificó su decisión recurriendo al Título 10 del Código de Estados Unidos, que le otorga facultades para movilizar tropas federales en circunstancias de invasión, rebelión o cuando las autoridades civiles no pueden garantizar el orden. No recurrió a la Ley de Insurrección de 1807, una norma históricamente utilizada en contextos de disturbios graves, lo que hace aún más atípico este despliegue.
Este tipo de intervención federal sin solicitud estatal no se veía desde 1965, cuando el presidente Lyndon B. Johnson envió tropas a Alabama para proteger a manifestantes por los derechos civiles. El último despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles ocurrió en 1992 durante los disturbios por el caso Rodney King, pero entonces fue solicitado tanto por el gobernador como por el alcalde.
La reacción del gobierno de California no se hizo esperar. El lunes, el estado presentó una demanda judicial contra Trump, argumentando que la medida viola la Décima Enmienda de la Constitución, que protege la soberanía de los estados. Newsom acusó al expresidente de “crear una crisis innecesaria” y denunció las condiciones inadecuadas en las que se encuentran los soldados movilizados.
Este episodio reabre un debate de larga data sobre los límites del poder presidencial, especialmente en cuanto al uso de fuerzas militares dentro del país sin el consentimiento de los gobiernos locales. También profundiza la confrontación entre la Casa Blanca y los estados en temas como inmigración, seguridad y autonomía.
El desarrollo de la demanda y las respuestas legales que surjan en los próximos días serán clave para definir si este tipo de intervención federal puede considerarse constitucional en el futuro. Mientras tanto, organizaciones de derechos civiles y autoridades estatales mantienen la presión para frenar lo que consideran un uso indebido del poder presidencial.
Fuentes varias