Cientos de inmigrantes con estatus legal en Connecticut podrían perder Medicare en enero
CONNECTICUT. Cientos de inmigrantes con residencia legal en Connecticut podrían quedar sin cobertura de Medicare a partir de enero, como consecuencia de cambios aprobados a nivel federal que restringen el acceso de determinados grupos de no ciudadanos al programa de seguro médico.
La situación ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de inmigrantes y algunos legisladores estatales, quienes advierten que la pérdida de cobertura podría dejar a numerosas personas mayores o con discapacidades frente a mayores dificultades para recibir atención médica.
Maggie Mitchell Salem, directora ejecutiva de Integrated Refugee & Immigrant Services (IRIS), organización sin fines de lucro con sede en New Haven, cuestionó duramente la medida y señaló que afectará a personas que cuentan con estatus migratorio legal y que han realizado aportes al sistema.
Los cambios forman parte de una disposición incluida en la medida federal de conciliación presupuestaria de 2025, conocida como la “One Big Beautiful Bill” o Resolución de la Cámara 1, que modificó las reglas de elegibilidad para Medicare y otros beneficios federales.
Hasta ahora, determinados inmigrantes con presencia legal en Estados Unidos podían acceder a Medicare siempre que cumplieran requisitos relacionados con edad, discapacidad o historial laboral. Bajo las nuevas disposiciones, la elegibilidad queda más limitada y se concentra principalmente en residentes permanentes con tarjeta verde y ciertos inmigrantes procedentes de Cuba, Haití, Micronesia, Palaos y las Islas Marshall.
De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, alrededor de 100,000 personas en todo Estados Unidos podrían perder su cobertura de Medicare como resultado de estas modificaciones.
Aunque no existe una cifra oficial desglosada específicamente para Connecticut, el estado concentra aproximadamente entre el 1% y el 1.1% de los beneficiarios nacionales de Medicare. Con base en esa proporción, se calcula que entre 1,000 y 1,100 inmigrantes con estatus legal residentes en Connecticut podrían verse afectados.
El posible impacto ha abierto el debate sobre una eventual intervención del gobierno estatal para brindar algún tipo de asistencia a quienes pierdan la cobertura. Sin embargo, cualquier respuesta dependerá de las prioridades presupuestarias que adopte la Asamblea General y de las decisiones políticas que se tomen durante los próximos meses.
Las organizaciones comunitarias advierten que, sin una alternativa, los afectados podrían enfrentar mayores gastos médicos y dificultades para acceder a tratamientos, medicamentos y servicios esenciales de salud.
Keith Phaneuf (CT Mirror)
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