Autoridades migratorias piden a propietarios de viviendas entregar datos de inquilinos
En una medida que ha encendido las alarmas entre expertos legales y defensores de los derechos civiles, las autoridades migratorias de Estados Unidos están solicitando a propietarios de viviendas y administradores de propiedades la entrega de información detallada sobre sus inquilinos, sin contar con órdenes firmadas por un juez.
Los requerimientos, realizados a través de citatorios administrativos firmados por funcionarios de la Unidad Antifraude del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), incluyen contratos de arrendamiento, solicitudes de alquiler, documentos de identificación, direcciones de reenvío y otros datos personales. Según reveló The Associated Press, las solicitudes también abarcan información sobre personas que cohabitan en la misma propiedad, no solo el arrendatario principal.
Expertos advierten que este tipo de citatorios, carentes de respaldo judicial, podrían violar la Ley de Vivienda Justa (Fair Housing Act), que protege contra la discriminación basada en raza, color u origen nacional.
“Una solicitud de alquiler puede contener datos muy sensibles: historial laboral, estado civil, vínculos familiares… y no hay claridad sobre el uso que se le dará a esa información”, advirtió el abogado inmobiliario Eric Teusink, quien confirmó que varios de sus clientes en Atlanta han recibido estas notificaciones en las últimas semanas.
Ambigüedad legal y confusión entre propietarios
Teusink aclara que estos citatorios son técnicamente opcionales: “Mientras no estén firmados por un juez, no son obligatorios. Parecen más parte de una expedición de pesca”. La profesora de Derecho Stacy Seicshnaydre, de la Universidad de Tulane, coincide: “El peligro es que los propietarios asuman que deben cumplir, sin cuestionar la legalidad del documento”.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la vocera Tricia McLaughlin defendió la práctica y negó que puedan ignorarse estos citatorios sin consecuencias. “El ICE tiene autoridad para obtener registros o testimonios mediante herramientas administrativas”, declaró.
No obstante, expertos como Lindsay Nash, profesora de Derecho en la Universidad Yeshiva, indican que para que un citatorio tenga fuerza legal, el ICE debería presentar primero una demanda en una corte federal y obtener la aprobación de un juez. “Muchos destinatarios creen que el documento es oficial y se sienten amenazados por su lenguaje, pero legalmente no son vinculantes sin la intervención judicial”, explicó.
Resistencia desde el sector inmobiliario
Administradores de propiedades en distintas ciudades, como Anthony Luna, director ejecutivo de Coastline Equity en Los Ángeles, aseguran que no entregarán datos sin una orden formal. “¿Si buscan delincuentes? Que usen documentos judiciales. No entiendo por qué necesitan información de quienes brindan vivienda”, declaró.
En Boston, la abogada Jordana Roubicek Greenman relató el caso de un propietario que recibió una llamada directa del ICE solicitando información. “Mi consejo fue claro: no devuelva la llamada”, señaló.
En respuesta, organizaciones defensoras de inmigrantes están reforzando campañas de “Conozca sus derechos”, recordando a la población que no están obligados a entregar información ni permitir el ingreso a sus domicilios sin una orden judicial firmada.
Mientras el debate legal continúa, el caso pone en evidencia la tensión entre las políticas migratorias y las protecciones legales a la privacidad y la vivienda, y plantea interrogantes sobre los límites del poder administrativo frente al derecho constitucional.
Fuentes varias