Trump dijo que EEUU es “estúpido” por permitir la ciudadanía por nacimiento
La Corte Suprema cuestiona el intento de Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento en una audiencia histórica
La Corte Suprema de Estados Unidos examinó este miércoles la controvertida orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento, en una audiencia marcada tanto por el escepticismo judicial como por la presencia inédita del propio mandatario en la sala.
Durante más de dos horas de argumentos, los magistrados —tanto conservadores como liberales— pusieron en duda la base constitucional y legal de la medida, que pretende negar la ciudadanía automática a hijos nacidos en Estados Unidos de padres sin estatus legal permanente o con presencia temporal en el país.
El Fiscal General, D. John Sauer, defendió la postura del gobierno, pero enfrentó un intenso cuestionamiento sobre la interpretación de la Enmienda 14, particularmente en lo referente a la frase “sujetas a su jurisdicción”. La administración Trump sostiene que los inmigrantes en situación irregular o temporal no cumplen con ese criterio, por lo que sus hijos no deberían recibir ciudadanía automática.
Las dudas no solo fueron jurídicas, sino también prácticas. La jueza Ketanji Brown Jackson planteó interrogantes sobre la implementación de la medida: “¿Esto ocurrirá en la sala de partos?”, preguntó, aludiendo a la complejidad de determinar el estatus migratorio de los padres en el momento del nacimiento.
Por su parte, el juez Clarence Thomas se mostró más receptivo a los argumentos del gobierno, al cuestionar hasta qué punto los debates originales de la Enmienda 14 estaban relacionados con la inmigración, señalando que su propósito histórico fue garantizar la ciudadanía a las personas negras tras la abolición de la esclavitud.
La audiencia también destacó por la participación directa de Trump, quien permaneció en la sala durante más de una hora, un hecho sin precedentes para un presidente en ejercicio. Su presencia se produjo semanas después de haber criticado duramente al tribunal por fallos adversos en materia económica.
Tras la sesión, Trump reiteró su postura en la red Truth Social, calificando a Estados Unidos como “estúpido” por mantener la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, datos del Pew Research Center indican que al menos 32 países cuentan con políticas similares, mientras otros 50 aplican versiones más restrictivas.
El caso se enmarca dentro de una política migratoria más amplia impulsada por el gobierno, que incluye restricciones al asilo, reducción en la admisión de refugiados y aumento de deportaciones. Según estimaciones del Migration Policy Institute, más de 250,000 nacimientos al año podrían verse afectados por la orden ejecutiva, la cual ha sido bloqueada por tribunales inferiores y aún no ha entrado en vigor.
Desde la oposición legal, Cecillia Wang, directora jurídica de la Unión Americana de Libertades Civiles, argumentó que la medida representa una reinterpretación radical e infundada de la Constitución.
El origen del litigio se remonta a un fallo en New Hampshire, donde el juez federal Joseph N. LaPlante concluyó que la orden probablemente viola tanto la Constitución como la ley federal. El caso también evoca precedentes históricos como Brown v. Board of Education y District of Columbia v. Heller, citados por el gobierno para justificar una revisión constitucional de gran alcance.
En decisiones previas, la jueza Sonia Sotomayor ha criticado duramente la postura del gobierno, calificándola como “una tarea imposible” frente al texto constitucional y la jurisprudencia existente.
Se espera que la Corte emita su fallo hacia finales del periodo judicial en junio, en una decisión que podría redefinir uno de los principios fundamentales del sistema legal estadounidense.
Fuentes varias