Meta enfrenta histórica batalla legal en EE.UU. por acusaciones de fomentar la adicción en menores
Meta enfrenta desde este martes uno de los procesos judiciales más importantes de su historia reciente, luego de que un grupo de 29 fiscales estatales de Estados Unidos acusara a la compañía de diseñar funciones en Instagram y Facebook destinadas a aumentar el tiempo de uso y generar conductas adictivas entre niños y adolescentes.
El juicio se desarrolla en un tribunal federal de Oakland, California, bajo la supervisión de la jueza Yvonne Gonzalez Rogers y ante un jurado de ocho personas. Los fiscales sostienen que la empresa habría violado la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet, conocida como COPPA, al recopilar presuntamente información de menores de 13 años sin las debidas autorizaciones.
A la demanda federal se suman acusaciones presentadas por California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que señalan a Meta por posibles violaciones de las leyes de protección al consumidor. Los estados reclaman cambios en la forma en que la empresa administra Facebook e Instagram, además de una compensación económica que, según estimaciones difundidas en medios estadounidenses, podría alcanzar cifras extraordinariamente elevadas.
El fiscal general de California, Rob Bonta, aseguró que las grandes compañías tecnológicas no pueden utilizar a menores de edad como herramienta para aumentar sus ganancias. En la misma línea, el fiscal general de Colorado, Phil Weiser, afirmó que la crisis de salud mental que afecta a los jóvenes obliga a exigir mayores responsabilidades a las plataformas digitales.
El juicio forma parte de un litigio multidistrital mucho más amplio, que agrupa a más de 3.000 demandantes y también involucra a otras empresas tecnológicas como Google, TikTok y Snap. Las demandas sostienen que determinadas características de estas plataformas fueron desarrolladas para maximizar la permanencia de los usuarios frente a las pantallas, con potenciales consecuencias para la salud mental y física de niños y adolescentes.
Los acusadores argumentan que mecanismos como las recomendaciones personalizadas, las notificaciones constantes y otros sistemas de interacción pueden contribuir a comportamientos compulsivos. También sostienen que, en determinados casos, el uso excesivo de las redes sociales ha estado relacionado con graves problemas emocionales.
Meta ha rechazado las acusaciones y las calificó de infundadas. La compañía sostiene que los fiscales intentan responsabilizarla por dificultades que afectan a toda la industria tecnológica, entre ellas la verificación de la edad de los usuarios. Además, asegura que algunas de las funciones cuestionadas no constituyen por sí mismas un daño para los consumidores.
El proceso judicial podría extenderse entre cuatro y seis semanas y tendrá entre sus protagonistas a los principales ejecutivos de la compañía. Está previsto que el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y el responsable de Instagram, Adam Mosseri, sean llamados a declarar para responder preguntas sobre las decisiones empresariales y el diseño de las plataformas.
La comparecencia de Zuckerberg podría convertirse en uno de los momentos centrales del juicio, debido al papel que ha desempeñado en el desarrollo y expansión de Facebook, Instagram y el resto de los servicios que forman parte del conglomerado tecnológico.
Meta llega a este proceso después de enfrentar otros fallos adversos relacionados con la seguridad y la salud mental de menores. Entre ellos se encuentran decisiones judiciales que han cuestionado la responsabilidad de las plataformas frente a los efectos que el uso intensivo de las redes sociales puede provocar durante la adolescencia.
El resultado del juicio de California podría tener consecuencias que trasciendan a Meta. Una decisión favorable a los fiscales podría modificar la manera en que las grandes plataformas diseñan sus productos para menores, manejan datos personales y aplican mecanismos destinados a mantener la atención de sus usuarios.
Más allá de las posibles sanciones económicas, el proceso abre un debate de alcance nacional sobre hasta dónde llega la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la protección de niños y adolescentes y qué límites deben imponerse al diseño de herramientas digitales capaces de influir en sus hábitos de consumo.
Fuentes varias