Cerca de 110,000 personas podrían perder la cobertura de Medicaid por nuevas exigencias laborales
Cerca de 110,000 adultos de bajos ingresos podrían perder su cobertura de Medicaid debido a la entrada en vigor de nuevos requisitos federales de trabajo y participación comunitaria. Ante este escenario, funcionarios estatales trabajan para evitar que miles de personas queden sin seguro médico y terminen recurriendo a las salas de emergencia de los hospitales para recibir atención básica.
La posible pérdida masiva de cobertura no solo amenaza el acceso de la población vulnerable a consultas, medicamentos y servicios preventivos, sino que también podría generar una fuerte presión financiera sobre los centros hospitalarios. El aumento de pacientes sin seguro obligaría a los hospitales a asumir mayores costos por servicios médicos que, en muchos casos, no serían reembolsados.
El senador estatal Matt Lesser, demócrata de Middletown y copresidente del Comité de Servicios Humanos de la Asamblea General, criticó duramente las modificaciones a las normas de Medicaid aprobadas por el Congreso y promulgadas por el presidente Donald Trump.
“Esta es la legislación más irresponsable de la historia estadounidense”, afirmó Lesser, quien también calificó como “asombrosas y completamente absurdas” las posibles repercusiones económicas y sociales para los estados.
De acuerdo con estimaciones del Departamento de Servicios Sociales, las personas en riesgo representan aproximadamente el 35% de los 316,000 adultos pobres sin hijos que reciben atención médica mediante HUSKY D, un programa financiado por Medicaid.
Los beneficiarios tendrán un plazo de seis meses para demostrar que cumplen con las nuevas disposiciones. Entre las alternativas establecidas se encuentra trabajar al menos 80 horas al mes o acreditar ingresos mensuales mínimos de 580 dólares.
También podrán conservar la cobertura quienes demuestren que realizan un mínimo de 80 horas mensuales de servicio comunitario o participan en un programa de capacitación laboral autorizado.
Funcionarios y representantes del sector sanitario temen que muchas personas elegibles pierdan sus beneficios por desconocimiento, dificultades administrativas o problemas para presentar la documentación requerida. Además, advierten que la interrupción de tratamientos y controles preventivos podría agravar enfermedades y elevar posteriormente los costos de atención.
Keith Phaneuf y Kathy Golvala (CT Mirror)
Identidad Latina Multimedia