Persisten las tensiones en el Congreso y se prolonga la incertidumbre por el cierre parcial del gobierno en Estados Unidos
El Congreso de Estados Unidos entró este lunes en su tercer día consecutivo de cierre parcial del gobierno sin lograr un acuerdo para reanudar la financiación federal, en medio de una compleja negociación entre republicanos y demócratas centrada en el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las condiciones para el funcionamiento de las agencias de inmigración.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, aseguró el domingo que confía en una pronta resolución del conflicto. “Vamos a lograr resolver todo esto de aquí al martes”, declaró, al calificar como una “formalidad” la votación prevista para aprobar el texto que permitiría reabrir la administración federal.
En la misma línea, el presidente Donald Trump instó al Congreso a aprobar con rapidez un proyecto de ley de gastos para poner fin al cierre gubernamental, originado tras la polémica por la muerte de dos manifestantes en Minneapolis durante operativos de agentes de inmigración.
“Espero que todos los republicanos y demócratas se unan a mí para apoyar este proyecto de ley y lo envíen a mi despacho sin demora”, expresó Trump en su red social Truth.
Sin embargo, la aritmética parlamentaria complica el panorama para el liderazgo republicano. La incorporación de un nuevo legislador demócrata tras una elección parcial en Texas redujo aún más la ajustada mayoría oficialista, lo que obliga a Johnson a no perder prácticamente ningún voto dentro de su propio bloque.
La fragilidad del acuerdo se debe, en gran parte, a la resistencia de un sector ultraconservador del Partido Republicano, que rechaza cualquier iniciativa que incluya modificaciones en la financiación y en las condiciones operativas del DHS. Para este grupo, aceptar cambios en ese departamento implica ceder ante las demandas de la oposición.
Desde el Partido Republicano también se multiplicaron las críticas hacia los demócratas. El congresista Chip Roy, de Texas, los acusó de “juegos políticos” y de mantener al Departamento de Seguridad Nacional “como rehén” en el marco de las negociaciones.
El núcleo del desacuerdo se concentra en las reformas exigidas para las operaciones de las agencias federales de inmigración, especialmente el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La presión política aumentó tras la muerte de dos personas durante operativos federales en la ciudad de Minneapolis en menos de un mes. A finales de enero, Alex Pretti, un enfermero de 37 años, falleció por disparos de agentes federales durante manifestaciones contra la presencia de fuerzas migratorias. Semanas antes, Renee Good murió en circunstancias similares.
A partir de estos hechos, los demócratas anunciaron que no apoyarán ningún proyecto de financiación del DHS sin un paquete de reformas obligatorias para los agentes federales. Entre las principales exigencias figuran el uso sistemático de cámaras corporales, la prohibición de cubrirse el rostro durante los operativos y la obligación de contar con una orden judicial previa para detener a migrantes.
El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, sostuvo que no son suficientes los compromisos políticos generales.
“No puede contentarse con palabras”, afirmó, al exigir que las medidas entren en vigor de forma inmediata como condición para destrabar la negociación.
Dentro del bloque republicano existe un respaldo parcial a algunas de estas propuestas, como el uso de cámaras corporales. No obstante, rechazan la prohibición de cubrir el rostro, al argumentar que los agentes son blanco frecuente de campañas de identificación y difusión de datos personales por parte de activistas. También se oponen a la exigencia de órdenes judiciales para todas las detenciones, al señalar que la legislación vigente solo las exige para allanamientos domiciliarios y no para arrestos en la vía pública.
La falta de consenso dejó en suspenso un esquema transitorio aprobado previamente por el Senado, que incluye cinco proyectos de ley de financiación para cubrir a la mayoría de las agencias federales hasta septiembre y una prórroga provisional de dos semanas para el DHS mientras continúan las negociaciones sobre política migratoria.
Ante el riesgo de una fractura interna, Johnson reconoció la necesidad de sumar apoyos fuera de su partido.
“Necesitamos buena fe de ambas partes”, señaló.
Aunque el cierre parcial ya acumula tres días, por el momento no se prevé un impacto inmediato comparable al registrado a fines del año pasado, cuando una parálisis presupuestaria de más de seis semanas dejó a cientos de miles de empleados federales sin salario o trabajando sin remuneración hasta la reapertura de la administración.
Fuentes varias