La cúpula chavista ante su mayor prueba tras la captura de Nicolás Maduro
La captura de Nicolás Maduro, anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió en Venezuela un escenario de incertidumbre política sin precedentes y dejó al descubierto las tensiones internas dentro de la cúpula del régimen chavista. Aunque la Constitución establece una línea clara de sucesión, el vacío de poder generado por la ausencia del mandatario expone la histórica brecha entre el poder formal y el poder real en el país.
Desde el punto de vista constitucional, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez es quien debe asumir la presidencia ante la “falta absoluta” del jefe de Estado. Horas después del ataque, Rodríguez apareció en medios oficiales para reconocer que el régimen desconoce el paradero de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y exigió pruebas de vida. Su figura, sin embargo, trasciende el cargo: además de vicepresidenta, es ministra de Hidrocarburos y una de las principales interlocutoras del régimen con actores internacionales.
Delcy Rodríguez comparte el núcleo del poder civil con su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien juramentó a Maduro para un tercer mandato ampliamente cuestionado por la oposición y la comunidad internacional. En caso de que la vicepresidenta no pudiera asumir, la propia Constitución establece que el poder recaería en el titular del Parlamento, lo que consolidaría a los hermanos Rodríguez como eje institucional del régimen. No obstante, ambos enfrentan sanciones internacionales, lo que limita su margen de maniobra diplomática.
Más allá de la sucesión legal, el control efectivo del país depende de dos figuras clave: Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Cabello, ministro del Interior y considerado el número dos del chavismo, maneja los principales aparatos de seguridad interna, incluyendo los servicios de inteligencia y las fuerzas policiales. Su influencia se sustenta en el control de la represión y en su rol como enlace entre el ala política más radical y sectores militares. Estados Unidos ofrece una recompensa millonaria por su captura, acusándolo de liderar redes de narcotráfico.
El otro pilar es el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y figura central para la estabilidad del régimen. Su lealtad ha sido determinante para sostener al chavismo durante más de una década. Tras los ataques, fue el único alto funcionario en comparecer desde una instalación militar, anunciando el despliegue total de las capacidades defensivas del país y denunciando lo que calificó como una “invasión”.
El aparato judicial completa la estructura de poder con el fiscal general Tarek William Saab, encargado de la persecución contra dirigentes opositores y también sancionado por varios países. Su rol es clave para legitimar legalmente las decisiones del régimen en un contexto de excepción.
Con la declaración del “estado de conmoción exterior” y el llamado a la movilización popular, la dirigencia chavista intenta mantener cohesión frente a la intervención militar estadounidense más significativa en la región en décadas. Sin embargo, los apagones, los daños en instalaciones estratégicas y la ausencia de Maduro ponen a prueba la capacidad de mando de una estructura diseñada para girar en torno a un solo líder. El desenlace dependerá de si la cúpula logra sostener la unidad interna o si se abre una disputa por el control del poder en uno de los momentos más críticos de la historia reciente de Venezuela.
Fuentes varias