La criminalización del aborto es una afrenta a la dignidad humana. Por Carmen Neale
Hace unas pocas semanas escuché con horror el caso de una niña de 10 años -de Ohio- que estaba embarazada porque fue violada. Para obtener un aborto tuvo que viajar a otro Estado con leyes menos restrictivas porque en Ohio el aborto es ilegal en todos los casos. Pasaron esta Ley poco después de que la Corte Suprema anulara la decisión de “Roe v. Wade”, Ley que protegía los abortos en el primer trimestre y había estado vigente desde 1973. Ahora la regulación del aborto es asunto exclusivo de cada Estado. Existen unos 25 Estados que tienen o aspiran a tener Leyes similares a las de Ohio.
Históricamente la Corte Suprema de este país había sido la parte del gobierno libre de presión política. Desafortunadamente, los jueces que fueron recientemente nombrados por el expresidente Trump han olvidado su respeto por el precedente legal ya establecido. Al anular la protección de los abortos, algunos Estados harán revivir problemas del pasado que ya se habían resuelto.
Las personas que son “pro-vida”, o en contra de todo aborto, no se han detenido a pensar que ninguna mujer tiene un aborto por gusto. Bajo las mejores circunstancias, cualquier procedimiento de esa índole es doloroso y conlleva riesgos de salud. En todos los casos la decisión es emocionalmente desgarradora. Al abandonar la protección de la mujer y permitir que cada Estado establezca sus propias Leyes, se ha desamparado a la mujer condenándola tal vez a revivir los horrores del pasado.
¿Quién no ha escuchado las historias sobre niñas o mujeres que sufrieron abortos brutales al hallarse en situaciones desesperantes? Estos casos de abortos clandestinos ocurrían cuando las Leyes prohibían el aborto bajo cualquier circunstancia. Quienes pasaron por esas experiencias traumáticas tuvieron que sufrir en silencio. Y ahora los Estados Unidos de América, un país que en muchos aspectos es admirado y emulado por otros, ha retrocedido en el tiempo, obligando a la mujer a llevar a término un embarazo causado por violación, ya sea por un extraño o un caso de incesto, o aun cuando el feto no es viable, o la vida de la madre está en peligro.
Es incomprensible cómo los gobernantes de un país o Estado puedan someter a una niña cuyo cuerpo aún no ha terminado de formarse, a cargar un bebé por nueve meses. ¿Qué tipo de persona puede obligar a otra a llevar en sus entrañas por 280 días el producto de un violento asalto a su cuerpo? La víctima de una violación lleva de por sí un serio trauma dentro de su mente y su alma, casi imposible de borrar. Cuando una mujer es obligada a llevar a término el producto de su violación, esa mujer debe cargar y cuidar del producto de ese asalto día a día como si se le castigara aun siendo la víctima.
Afortunadamente, en contraste con los EEUU, en algunas naciones de América Latina y otras partes del mundo, las leyes se han modernizado. En Colombia, mi país de origen, la ley permite el aborto en las primeras 24 semanas. En Argentina se legalizó el aborto en las primeras 14 semanas de gestación, y en seis Estados de México el aborto es legal en las primeras 12 semanas. Corea del Sur y Vietnam también tienen leyes de aborto que protegen a la mujer por un determinado período de tiempo.
No es seguro que criminalizando el aborto se reduzca el número de abortos. Lo que hace es que en algunos Estados las mujeres tengan abortos de una forma que ponga en riesgo su salud física y mental. La criminalización del aborto en todos los casos es una afrenta a la dignidad humana.