Despidos masivos afectan a migrantes latinos tras el fin de protecciones migratorias en EE. UU.

Amazon, Walmart y Disney entre las empresas impactadas por la política migratoria más estricta del gobierno federal.

Cientos de trabajadores inmigrantes, en su mayoría originarios de países latinoamericanos y caribeños, han sido despedidos en Estados Unidos tras el endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por la administración nacional. La situación ha afectado particularmente a empleados de Amazon, como Daphnee Poteau, una migrante haitiana que perdió su trabajo en Indianápolis luego de que se revocara su permiso migratorio temporal.

Poteau llegó a EE. UU. en 2023 amparada por un programa de parole humanitario que le permitió trabajar legalmente. Sin embargo, con la cancelación del programa, fue notificada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de que debía abandonar su empleo. Su esposo, Kristopher Vincent, ciudadano estadounidense y trabajador de Amazon desde 2013, expresó su temor por una posible deportación, a pesar de que su esposa tiene un caso de asilo pendiente.

Los despidos no se limitaron a Indiana. Según documentos revisados por CNBC, Amazon comenzó en junio a exigir documentación actualizada a sus empleados protegidos por programas como el parole y el Estatus de Protección Temporal (TPS). Aquellos que no lograron renovar sus permisos fueron suspendidos sin sueldo o directamente despedidos.

Un vocero de Amazon, Richard Rocha, aseguró que la empresa se anticipó a los cambios en la política federal y actuó en cumplimiento de la ley. Añadió que Amazon ha ofrecido recursos legales y apoyo psicológico a los empleados afectados.

No obstante, la decisión del gobierno ha tenido consecuencias más allá del gigante tecnológico. Empresas como Walmart y Disney también han despedido o suspendido a trabajadores inmigrantes, muchos de los cuales desempeñaban funciones clave en operaciones logísticas.

A pesar de que el DHS justificó la revocación de protecciones migratorias alegando mejoras en las condiciones de los países de origen, organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos contradicen esta postura. En el caso de Haití, por ejemplo, la ONU ha señalado un “deterioro acelerado” de la seguridad y las condiciones humanitarias, lo que llevó a extender el TPS hasta febrero de 2026.

Aún así, trabajadores como Serge, empleado haitiano de Amazon en Spokane, temen ser enviados de regreso. “Fui testigo de violencia y perdí familiares. Vine con un patrocinador buscando una vida más segura”, afirmó. “No es justo que nos ordenen regresar cuando el país está asolado por la violencia”.

Estas medidas, además de aumentar la vulnerabilidad de los migrantes, dejan en evidencia la fragilidad de los programas de protección temporal frente a cambios políticos y administrativos. Mientras tanto, miles de trabajadores inmigrantes enfrentan un futuro incierto, sin garantías de estabilidad ni seguridad jurídica, pese a su contribución activa a la economía estadounidense.

Fuentes varias