ICE pagará más de $16 millones por 6,000 pares de guantes que aplican descargas eléctricas
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) adjudicó un contrato valorado en 16.7 millones de dólares para adquirir 6,000 pares de guantes capaces de administrar descargas eléctricas dolorosas, una compra que ha generado fuertes cuestionamientos entre legisladores demócratas y organizaciones defensoras de los derechos civiles.
De acuerdo con un aviso publicado en una base de datos federal, la agencia otorgó el contrato sin licitación a Compliant Technologies LLC, una empresa con sede en Kentucky especializada en la fabricación de este tipo de dispositivos. El acuerdo contempla la entrega de los 6,000 pares de guantes, además de equipos y servicios de apoyo, durante un periodo de seis meses.
Los dispositivos funcionan inicialmente como guantes convencionales de patrulla, pero pueden ser activados mediante un botón para generar una descarga eléctrica cuando entran en contacto directo con la piel. Según la documentación del ICE, serían utilizados para controlar a detenidos o personas que se resistan durante arrestos, traslados, disturbios civiles y otras situaciones consideradas de alta tensión.
La agencia sostiene que los guantes permitirían a sus agentes controlar rápidamente a personas que presenten resistencia activa o pasiva, con el objetivo de reducir posibles lesiones tanto para los funcionarios como para los detenidos.
También argumenta que esta herramienta podría facilitar la colocación de esposas, evitar agresiones o intentos de fuga y contribuir al control de multitudes, disminuyendo eventualmente la necesidad de recurrir a métodos de fuerza más severos, incluidas las armas de fuego.
Sin embargo, la adquisición ha despertado preocupación en sectores políticos y organizaciones civiles, que advierten sobre los riesgos de abuso y el nivel de supervisión que existiría sobre su utilización.
La senadora demócrata Catherine Cortez Masto, de Nevada, encabezó una carta junto a otros 15 senadores en la que pidió al ICE cancelar la compra. Los legisladores cuestionaron que la agencia incorpore una nueva herramienta para el uso de la fuerza mientras enfrenta críticas relacionadas con actuaciones de sus agentes en diferentes ciudades del país.
Los senadores señalaron que el uso de los guantes durante arrestos civiles podría representar riesgos importantes, especialmente si no existen límites claramente establecidos, programas adecuados de capacitación y mecanismos independientes o internos de supervisión.
Además, solicitaron que el ICE divulgue información sobre la forma en que los agentes serán entrenados, los protocolos que determinarán cuándo pueden activarse las descargas y los procedimientos destinados a documentar y revisar cada incidente.
El ICE ha indicado que los dispositivos serán empleados bajo políticas, capacitaciones y estándares de responsabilidad previamente aprobados, aunque la información difundida hasta ahora no detalla cuáles serán esos controles.
El Departamento de Seguridad Nacional, organismo del cual depende el ICE, rechazó las críticas y defendió la compra argumentando que los agentes federales necesitan contar con equipos adecuados para protegerse durante operaciones consideradas peligrosas.
La controversia se produce en medio del debate nacional sobre las políticas migratorias y los métodos utilizados por las autoridades federales para detener, trasladar y controlar a personas bajo custodia, así como para responder a protestas o disturbios relacionados con sus operaciones.
Fuentes varias