Documentos judiciales exponen lenguaje despectivo y presuntos perfiles raciales en operativos migratorios de Los Ángeles
Los Ángeles, California. Nuevos documentos presentados ante un tribunal federal revelan que agentes migratorios habrían utilizado expresiones despectivas para referirse a personas latinas durante operativos realizados en distintos puntos del área de Los Ángeles. Las evidencias incluyen mensajes de texto y grabaciones de cámaras corporales obtenidas durante el proceso judicial.
La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), Public Counsel y otras organizaciones solicitaron a una jueza federal que limite lo que describen como una campaña continua de detenciones sin sospecha razonable y basada en perfiles raciales en el Distrito Central de California.
De acuerdo con la moción judicial, después de una redada realizada en junio en una tienda Home Depot de Hollywood, una cámara corporal registró a un agente utilizando un término ofensivo para referirse a un hombre que se encontraba dentro de una furgoneta.
En otras conversaciones recuperadas mediante análisis forense, agentes emplearon la palabra “tonk”, considerada un término despectivo contra migrantes. En uno de los intercambios, un funcionario mencionó la presencia de personas que vendían comida, mientras que en una grabación otro agente pidió que se informara sobre cualquier lugar donde fueran vistos posibles sospechosos.
Las organizaciones demandantes sostienen que estas expresiones reflejan prejuicios que habrían influido en la planificación y ejecución de los operativos migratorios.
Mayra Joachín, abogada de la ACLU del Sur de California, afirmó que el lenguaje documentado permite entender la mentalidad con la que algunos agentes desarrollaron las acciones de control migratorio. También advirtió que las pruebas conocidas podrían representar solo una parte del material existente, debido a que todavía no se habrían entregado todos los registros de teléfonos utilizados durante las operaciones.
El Departamento de Seguridad Nacional, responsable de supervisar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas —ICE— y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza —CBP—, no había respondido inicialmente a las solicitudes de comentarios mencionadas en el expediente.
Organizaciones piden nuevas restricciones judiciales
Las pruebas fueron entregadas como parte de un procedimiento acelerado de recopilación de información ordenado por la jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong.
La magistrada había emitido anteriormente una orden que restringía las detenciones basadas únicamente en factores como la raza, el origen étnico, el idioma, el lugar donde se encontraba una persona o su tipo de empleo. Sin embargo, esa decisión fue suspendida posteriormente por la Corte Suprema mientras avanzaba el litigio.
Al pronunciarse sobre el caso, el juez Brett M. Kavanaugh señaló que la legislación federal permite a los agentes detener brevemente a una persona para interrogarla cuando exista una sospecha razonable, fundamentada en hechos específicos, de que se encuentra irregularmente en Estados Unidos.
Los abogados de los demandantes argumentan ahora que las nuevas grabaciones y conversaciones contradicen las explicaciones ofrecidas previamente por el Gobierno para justificar los controles.
Según la moción, la apariencia latina habría sido uno de los principales factores utilizados para decidir a quién detener. Los demandantes también aseguran que algunas intervenciones no fueron breves ni poco intrusivas y que incluso ciudadanos estadounidenses y residentes legales habrían sido retenidos.
Por esa razón, solicitaron a la jueza Frimpong que prohíba a los agentes utilizar la percepción de que una persona es latina como fundamento para detenerla, excepto cuando esa característica forme parte de la descripción concreta de un objetivo previamente identificado.
Denuncian un cambio en la estrategia migratoria
Durante años, las operaciones de ICE se concentraron principalmente en personas previamente investigadas. Los agentes elaboraban listas de objetivos, analizaban sus movimientos y planificaban detenciones individualizadas.
Sin embargo, los abogados sostienen que esa metodología cambió a partir de mayo de 2025, cuando una comunicación de la sede central de ICE habría ordenado a las oficinas locales incrementar las detenciones de personas consideradas “colaterales”, es decir, individuos que no aparecían originalmente como objetivos.
A partir de entonces, según la demanda, los agentes comenzaron a desarrollar operativos más amplios en lugares públicos, entre ellos estacionamientos de tiendas de materiales de construcción, paradas de autobús y lavaderos de automóviles.
Las organizaciones civiles describen estas acciones como “patrullas itinerantes”, en las que los funcionarios recorrían determinadas zonas sin buscar necesariamente a una persona específica. En algunos mensajes, los agentes hablaban de cantidades aproximadas de posibles sospechosos detectados durante recorridos previos.
El Gobierno había afirmado que las operaciones se apoyaban en información de inteligencia. No obstante, los demandantes aseguran que parte de esa información fue recopilada posteriormente para justificar redadas que ya estaban planificadas.
Según el escrito, equipos de inteligencia acudían a lugares públicos y realizaban observaciones hasta identificar una cantidad reducida de personas que podrían estar en situación migratoria irregular. Después se elegía una fecha para efectuar el operativo, sin confirmar necesariamente que los objetivos señalados continuaran en el lugar.
Los abogados afirman que, en numerosas ocasiones, los supuestos objetivos no fueron detenidos, mientras que otras personas presentes sí fueron arrestadas.
Entre las evidencias citadas aparece la grabación de un agente que habría ordenado salir a detener personas poco antes de que un residente permanente legal fuera interceptado.
Operativo en una parada de autobús
Otro de los episodios incluidos en el expediente ocurrió en una parada de autobús de Pasadena, donde tres hombres, posteriormente convertidos en demandantes principales del caso, fueron abordados por agentes migratorios.
El Gobierno sostuvo que los funcionarios buscaban a una persona específica. Sin embargo, los demandantes aseguran que la intención era detener también a personas que no figuraban en ninguna investigación.
En una conversación de texto, el agente encargado del operativo habría pedido a otro funcionario que llevara esposas adicionales. Posteriormente, durante una declaración, describió a las personas que buscaba como hombres hispanos de edad avanzada.
Para los abogados, estos elementos demuestran que la apariencia étnica tuvo un peso determinante en la selección de las personas sometidas a controles.
Más de 800 agentes utilizaron teléfonos personales
La documentación judicial también plantea interrogantes sobre la cantidad de pruebas que todavía no han sido examinadas.
Durante una audiencia, la jueza Frimpong evaluó la posibilidad de declarar al Gobierno en desacato por el presunto incumplimiento de una orden que exigía analizar los teléfonos utilizados por agentes presentes en 15 operativos identificados en la demanda.
Un abogado del Departamento de Justicia informó que no se habían realizado análisis forenses de teléfonos personales, pese a que más de 800 agentes reconocieron haber utilizado sus dispositivos durante las operaciones.
Las organizaciones civiles consideran que esos registros podrían contener información adicional sobre la planificación de las redadas, las instrucciones transmitidas entre funcionarios y los criterios empleados para seleccionar a las personas detenidas.
La controversia continuará en los tribunales, donde deberá determinarse si las prácticas denunciadas violaron las protecciones constitucionales contra las detenciones arbitrarias y la discriminación racial.
Fuentes varias