Nuevo fallo judicial golpea la política migratoria de detención obligatoria de Trump
Un nuevo fallo de una corte federal de apelaciones representa otro revés para la política migratoria de detención obligatoria impulsada por la administración de Donald Trump, una medida que amenaza a millones de inmigrantes con permanecer encarcelados de manera indefinida y sin derecho a fianza si alguna vez cruzaron la frontera de forma irregular.
El 2 de julio, un dividido panel del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos falló por 2 votos contra 1 que estos inmigrantes deben recibir una audiencia de fianza en un plazo máximo de 90 días. Uno de los jueces que integró la mayoría consideró incluso que el límite debería ser de 30 días.
El juez disidente defendió la política del gobierno y sostuvo que la detención sin fianza era apropiada, al calificarla como constitucionalmente válida.
La política, implementada en 2025, ha enfrentado una fuerte resistencia entre jueces federales, incluidos algunos nombrados por Trump. Varios magistrados han ordenado la liberación de inmigrantes detenidos y han señalado que la medida viola garantías constitucionales. Otros tribunales de apelaciones también han rechazado la política, lo que mantiene un conflicto judicial que probablemente será revisado por la Corte Suprema de Estados Unidos en octubre.
El fallo del Quinto Circuito afecta a Luisiana, Mississippi y Texas, tres estados que albergan algunos de los mayores centros de detención migratoria del país. Inmigrantes detenidos en distintas regiones suelen ser trasladados con frecuencia a esos estados.
Organizaciones defensoras de inmigrantes advirtieron que estos traslados dificultan el contacto de los detenidos con sus abogados, familiares y redes de apoyo. Reed Dunlea, portavoz de la New York Immigration Coalition, señaló que muchas personas detenidas en Nueva York terminan recluidas en centros ubicados en esos estados debido a la rapidez con la que ICE realiza los traslados.
El American Immigration Council, una de las partes en el caso, indicó que la demanda se centró en tres residentes de Texas de larga data, sin antecedentes penales y con hijos ciudadanos estadounidenses, quienes fueron detenidos durante paradas de tránsito.
Rebecca Cassier, abogada del consejo que argumentó el caso, afirmó que la decisión confirma que los derechos constitucionales no desaparecen simplemente porque una persona esté en un proceso migratorio.
El Departamento de Seguridad Nacional expresó su desacuerdo con el fallo y aseguró que mantiene confianza en su postura legal sobre la detención obligatoria. La agencia también indicó que espera una revisión por parte de la Corte Suprema.
La decisión representa una reversión parcial de un fallo previo del mismo tribunal, emitido en febrero, que había permitido la detención indefinida de algunos inmigrantes en esos estados. Hasta ahora, solo el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito ha respaldado plenamente la política, con efectos en centros de detención de Arkansas, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur.
En California, una corte federal bloqueó a nivel nacional la política de detención obligatoria dentro de una demanda colectiva. Aunque esa orden fue suspendida parcialmente mientras avanza la apelación, sigue vigente en parte del estado y ha sido citada por otros jueces para ordenar la liberación de inmigrantes detenidos.
La población detenida por motivos migratorios alcanzó en enero un máximo histórico de más de 70,000 personas. Para abril, la cifra descendió a cerca de 60,000, en medio de controversias y protestas por operativos de aplicación migratoria en Minnesota y otros lugares.
También hay señales de que menos inmigrantes sin antecedentes penales están siendo enviados a centros de detención, pese al aumento reciente de arrestos impulsado por la administración Trump con la meta de duplicar las detenciones diarias hasta alcanzar unas 2,000. La proporción de arrestos migratorios que terminaron en detención cayó de 38% el año pasado a 17% entre marzo y mayo.
En abril, menos del 30% de los inmigrantes detenidos tenía condenas penales, incluidas infracciones de tránsito y delitos migratorios. El resto enfrentaba únicamente violaciones migratorias o cargos penales pendientes.
Tim Henderson (CT MIrror)
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