Orden de Trump pone bajo presión las remesas y enciende alertas entre migrantes y bancos
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que endurece la vigilancia sobre las actividades bancarias de personas no ciudadanas en Estados Unidos, una medida que ha generado preocupación entre comunidades migrantes, instituciones financieras y países receptores de remesas, especialmente México.
La orden, titulada “Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos”, instruye al Departamento del Tesoro y a reguladores federales a reforzar los criterios de supervisión financiera. Aunque el texto no obliga directamente a los bancos a recopilar el estatus migratorio o de ciudadanía de todos sus clientes, sí les pide considerar esos factores dentro de sus evaluaciones de riesgo y prestar mayor atención a señales vinculadas con lavado de dinero, evasión fiscal, trata laboral, uso de empresas fachada y operaciones sospechosas con números ITIN.
La Casa Blanca sostiene que la medida busca combatir operaciones ilícitas relacionadas con redes criminales y fortalecer los controles del sistema financiero. Sin embargo, expertos advierten que sus efectos podrían ir mucho más allá de la persecución del crimen organizado y terminar impactando a trabajadores migrantes que envían parte de su salario a sus familias en el extranjero.
Uno de los puntos más sensibles es el posible efecto sobre las remesas. Aunque la orden no menciona explícitamente esa palabra, el aumento de revisiones sobre transferencias internacionales, depósitos frecuentes y movimientos de bajo monto podría complicar el envío de dinero hacia países como México, una de las principales economías receptoras de estos recursos.
Patricia Pozos Rivera, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, advierte que las remesas no deben verse como operaciones sospechosas por defecto, sino como ingresos familiares indispensables. De acuerdo con datos citados por la especialista, México recibió en 2025 más de 61,000 millones de dólares en remesas, en su mayoría provenientes de Estados Unidos. Ese flujo representa una fuente esencial para millones de hogares que dependen de esos recursos para alimentación, vivienda, salud y consumo básico.
La economista subraya que, pese al gran volumen total, la mayoría de las remesas son envíos pequeños. El promedio ronda los 408 dólares por operación, lo que implicaría millones de transacciones difíciles y costosas de revisar individualmente. Para Pozos Rivera, si los bancos comienzan a aplicar filtros más estrictos o a solicitar información adicional a clientes migrantes, las familias receptoras podrían enfrentar retrasos, mayores costos o incluso bloqueos en el acceso a esos recursos.
El investigador Rodolfo Cruz Piñeiro, del Colegio de la Frontera Norte, coincide en que la medida puede convertirse en un golpe directo contra la fuerza laboral migrante. A su juicio, la remesa no es un subsidio ni un delito financiero, sino salario ganado, muchas veces, mediante trabajo físico y en condiciones difíciles.
Cruz Piñeiro alerta además que trasladar funciones de vigilancia migratoria al sistema bancario puede abrir la puerta a prácticas discriminatorias. Los bancos, ante el costo de investigar operaciones pequeñas de 100, 200 o 300 dólares, podrían optar por cerrar cuentas, negar servicios o imponer más requisitos a clientes considerados “riesgosos” por su perfil migratorio.
La medida también podría generar un efecto contrario al buscado por la administración Trump. Si las remesas se complican y las economías locales en México u otros países se debilitan, más personas podrían verse presionadas a migrar de manera irregular. Para los especialistas consultados, restringir el flujo de dinero que sostiene a comunidades enteras podría aumentar la vulnerabilidad económica y, con ello, los incentivos para cruzar la frontera.
En el sector financiero también existen dudas legales y operativas. Reportes de prensa señalan que la orden final fue menos severa que propuestas previas, que contemplaban exigir a los bancos recopilar datos de ciudadanía de manera más amplia. Aun así, banqueros y analistas han advertido que imponer nuevas revisiones puede elevar costos, generar incertidumbre regulatoria y dejar fuera del sistema bancario a millones de personas.
En México, los especialistas recuerdan que los bancos están sujetos a sus propias reglas de protección de datos, secreto bancario y prevención de lavado de dinero. Por ello, cualquier intercambio de información sobre clientes tendría que pasar por mecanismos legales específicos y no depender únicamente de una orden ejecutiva emitida en Estados Unidos.
Por ahora, el alcance real de la medida dependerá de las guías que emita el Departamento del Tesoro y de cómo respondan los reguladores y las instituciones financieras. Lo que ya parece claro es que la orden abre un nuevo frente de presión sobre la población migrante y coloca a las remesas en el centro de una disputa política, económica y humanitaria.
Fuentes varias