¿Qué ocurre con el dinero y las cuentas bancarias cuando una persona es deportada?
Una deportación de Estados Unidos no implica la pérdida automática de las cuentas bancarias, los ahorros o las propiedades acumuladas por una persona inmigrante. Sin embargo, la falta de planificación puede dificultar considerablemente el acceso y la administración de esos bienes desde el extranjero.
Tras años de trabajo, muchas familias inmigrantes logran ahorrar dinero, adquirir propiedades y establecer relaciones con instituciones financieras. Ante una posible detención o deportación, una de las principales preocupaciones es saber qué sucederá con ese patrimonio.
El abogado de inmigración Haim Vasquez explicó a N+Univision que una orden de deportación no elimina los derechos de propiedad de la persona afectada. El dinero depositado en una cuenta bancaria continúa perteneciendo a su titular y, generalmente, las instituciones financieras no reciben una notificación del Departamento de Seguridad Nacional sobre la deportación de un cliente.
El mayor obstáculo, según el especialista, no suele ser legal, sino práctico. Una persona que pierde su dirección en Estados Unidos, deja de actualizar sus datos o mantiene una cuenta sin movimientos durante un periodo prolongado podría tener dificultades para acceder a sus fondos.
En algunos estados, el dinero de las cuentas consideradas inactivas puede ser transferido a las autoridades estatales como propiedad no reclamada. Aunque esos recursos pueden recuperarse, el titular debe completar un proceso de reclamación y demostrar que le pertenecen.
ICE no puede confiscar ahorros solo por falta de estatus migratorio
Otra inquietud frecuente es si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, puede congelar o retirar dinero de una cuenta bancaria debido a que su titular se encuentra en el país sin autorización migratoria.
Vasquez señaló que la falta de estatus legal, por sí sola, no constituye una causa para incautar fondos. Los procedimientos de decomiso civil pueden aplicarse cuando existen indicios de que el dinero está relacionado con determinadas actividades ilícitas, pero la presencia indocumentada no es suficiente para justificar una confiscación.
El abogado también aclaró que no existe una prohibición federal general que impida a una persona indocumentada abrir o mantener una cuenta bancaria. Los requisitos dependen de cada institución, pero algunos bancos aceptan documentos como pasaportes vigentes, matrículas consulares, números de identificación fiscal individual —ITIN—, identificaciones extranjeras y comprobantes de domicilio.
Un familiar no puede retirar el dinero sin autorización
El parentesco no autoriza automáticamente a una persona para retirar fondos o administrar la cuenta bancaria de alguien detenido o deportado.
Para realizar operaciones, el familiar debe figurar como cotitular, contar con una firma autorizada registrada ante el banco o disponer de un poder notarial vigente que sea reconocido por la institución financiera.
Obtener este tipo de autorización después de una detención puede ser complicado, debido a las limitaciones para acceder a servicios notariales dentro de algunos centros de detención. Por esa razón, el especialista recomienda preparar estos documentos con anticipación.
También advirtió que otorgar acceso a una cuenta conlleva riesgos. La persona elegida podría realizar movimientos sin autorización o utilizar los fondos de manera indebida, por lo que es fundamental seleccionar a alguien de absoluta confianza y conocer claramente el alcance de los poderes concedidos.
Posibles cambios en las políticas bancarias
Vasquez planteó que futuras órdenes ejecutivas o modificaciones regulatorias podrían cambiar los documentos de identificación aceptados por los bancos o la manera en que las instituciones evalúan determinadas cuentas.
No obstante, cualquier escenario relacionado con medidas previstas para después de noviembre de 2026 debe considerarse hipotético mientras no existan disposiciones oficiales vigentes. Actualmente, de acuerdo con lo expuesto por el abogado, no existe una regla general que permita cerrar una cuenta bancaria únicamente porque su titular carezca de estatus migratorio.
La planificación puede evitar complicaciones
Ante el riesgo de una emergencia migratoria, los especialistas recomiendan mantener actualizados los datos de contacto y domicilio, organizar los documentos financieros y conocer los mecanismos de acceso a las cuentas desde el extranjero.
También puede resultar útil designar a una persona de confianza mediante los procedimientos aceptados por el banco, conservar copias de contratos y estados de cuenta, y verificar periódicamente que las cuentas permanezcan activas.
La deportación no borra los derechos de propiedad ni convierte automáticamente los ahorros en bienes del gobierno. Sin embargo, no contar con un plan puede transformar una situación administrativa manejable en un proceso largo y complejo para recuperar o administrar el patrimonio.
Fuentes varias