Justicia de EE.UU. vuelve a frenar una orden de Trump que buscaba limitar el voto por correo
Una jueza federal de Estados Unidos volvió a bloquear una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretendía introducir cambios de amplio alcance en la administración electoral, entre ellos la creación de una lista federal de votantes y una mayor participación del Servicio Postal en el procesamiento de las boletas enviadas por correo.
La decisión fue adoptada por la jueza del Tribunal de Distrito Indira Talwani, quien concedió una orden judicial preliminar solicitada por la Liga de Mujeres Votantes y otras organizaciones defensoras de los derechos electorales. El fallo impide que el Servicio Postal avance con medidas destinadas a implementar la orden de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026.
Talwani ya había intervenido anteriormente contra la disposición presidencial. El 25 de junio falló a favor de fiscales generales estatales demócratas y bloqueó elementos centrales de la orden. La nueva resolución representa otro revés judicial para la administración Trump mientras la disputa continúa en diferentes tribunales del país.
En su decisión, la magistrada destacó la cercanía de las elecciones de mitad de mandato y advirtió sobre los riesgos de modificar las reglas electorales poco antes de los comicios. También sostuvo que la regulación de las elecciones corresponde fundamentalmente a los estados y al Congreso y no al Poder Ejecutivo.
La orden presidencial, firmada en marzo, contemplaba que el gobierno federal elaborara una lista de personas habilitadas para votar. Posteriormente, el Servicio Postal debía utilizar ese registro para determinar a quiénes podían entregarse las boletas electorales por correo.
Funcionarios electorales y organizaciones civiles cuestionaron la propuesta al considerar que podía generar confusión, afectar a votantes legítimos y alterar procedimientos que históricamente son administrados por los estados. El sindicato de trabajadores postales también manifestó reparos ante la posibilidad de que los empleados del correo asumieran nuevas responsabilidades vinculadas con la supervisión de las boletas.
Los demandantes argumentaron además que Trump excedió las facultades constitucionales de la Presidencia al intentar establecer normas electorales mediante una orden ejecutiva. La administración, en cambio, sostuvo que quienes iniciaron las demandas no habían demostrado tener legitimación suficiente y que los reclamos fueron presentados antes de que las medidas fueran aplicadas plenamente.
El abogado del gobierno Stephen Pezzi afirmó durante el proceso que los eventuales perjuicios planteados por los demandantes eran todavía hipotéticos, dado que la lista federal propuesta podía sufrir numerosas modificaciones antes de convertirse en definitiva.
La controversia se produce en medio del impulso de Trump y de legisladores republicanos a nuevas exigencias relacionadas con la ciudadanía de los votantes. Una de esas iniciativas, conocida como Ley SAVE America, fue aprobada en la Cámara de Representantes, aunque permanece trabada en el Senado.
Actualmente, los estados disponen de sus propios procedimientos para revisar y actualizar los padrones electorales. Distintas investigaciones y auditorías realizadas durante los últimos años han encontrado que el voto ilegal de personas no ciudadanas es poco frecuente y que, además, constituye un delito federal.
La administración Trump llevó además el caso ante la Corte Suprema con el objetivo de suspender decisiones de tribunales inferiores que frenaron diferentes partes de sus políticas electorales. El litigio podría resultar determinante para establecer hasta dónde puede intervenir el Poder Ejecutivo federal en procedimientos tradicionalmente administrados por los estados.
La disputa forma parte de un enfrentamiento político y judicial más amplio sobre las reglas electorales en Estados Unidos. Desde las elecciones presidenciales de 2020, Trump ha cuestionado reiteradamente el voto por correo y ha promovido nuevas restricciones, mientras autoridades electorales y organizaciones de derechos civiles sostienen que esos cambios podrían dificultar la participación de votantes habilitados.
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