Gobierno de Trump pide a la Corte Suprema reactivar deportaciones a terceros países
WASHINGTON — El Gobierno del presidente Donald Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita continuar con las deportaciones de inmigrantes a terceros países, incluso cuando esos destinos no sean sus naciones de origen, mientras se resuelve una disputa judicial sobre las garantías que deben recibir las personas que alegan riesgo de persecución o tortura.
La solicitud de emergencia fue presentada por el Departamento de Justicia después de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, ratificara en gran medida una decisión que exige que los inmigrantes reciban una notificación efectiva y una oportunidad significativa para objetar su traslado a un tercer país cuando sostengan que podrían enfrentar persecución o tortura allí.
La controversia se centra en la política conocida como “deportación a terceros países”, utilizada por la Administración Trump para trasladar a inmigrantes con órdenes finales de deportación a naciones distintas de aquellas identificadas originalmente en sus procedimientos migratorios.
El Gobierno sostiene que las restricciones judiciales están afectando sus operaciones migratorias. En su presentación ante la Corte Suprema, el procurador general D. John Sauer argumentó que la decisión del tribunal de apelaciones ha provocado problemas logísticos, cancelaciones de vuelos, costos adicionales y posibles complicaciones diplomáticas.
Según el Departamento de Justicia, las autoridades tuvieron que retirar a cerca de 150 personas de vuelos de deportación que tenían como destino al menos cuatro países, mientras buscaban que la Corte Suprema suspendiera temporalmente los efectos de la decisión del tribunal inferior.
Una política que ya llegó a la Corte Suprema
La Corte Suprema ya había intervenido anteriormente en esta disputa. En junio de 2025 permitió temporalmente que el Gobierno continuara aplicando su política mientras avanzaba el litigio. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se opusieron a aquella decisión.
El caso adquirió especial atención después de que varios inmigrantes destinados inicialmente a Sudán del Sur permanecieran retenidos durante semanas en una instalación militar estadounidense en Djibouti. Entre ellos había personas procedentes de países como Cuba, Vietnam y Laos.
La Administración Trump ha recurrido a los traslados a terceros países como alternativa en situaciones en las que deportar a una persona directamente a su nación de origen resulta difícil o imposible, entre otras razones porque algunos gobiernos se niegan a recibir a determinados ciudadanos.
De acuerdo con información presentada durante el litigio y reportes sobre la aplicación de la política, más de 25.000 inmigrantes habrían sido enviados a terceros países desde que se amplió este mecanismo.
Riesgo de persecución o tortura
Uno de los puntos centrales del litigio es determinar qué procedimientos debe seguir el Gobierno antes de trasladar a una persona a un país diferente del establecido originalmente en su orden de deportación.
El Primer Circuito concluyó que las autoridades deben proporcionar una notificación efectiva y una oportunidad significativa para que los afectados puedan plantear argumentos relacionados con un posible riesgo de persecución o tortura.
La disputa involucra además las obligaciones de Estados Unidos bajo la Convención contra la Tortura, cuyo artículo 3 establece protecciones contra el traslado de una persona a un país cuando existan razones sustanciales para considerar que estaría en peligro de ser sometida a tortura.
El Gobierno ha defendido un procedimiento más expedito y ha señalado que puede recurrir, entre otros mecanismos, a garantías diplomáticas de los países receptores sobre el trato que recibirán las personas deportadas. Los abogados de los inmigrantes sostienen, en cambio, que esas garantías no sustituyen el derecho a recibir aviso y tener una oportunidad efectiva de presentar una reclamación basada en el temor a persecución o tortura.
Corte Suprema deberá decidir sobre solicitud de emergencia
En su nueva petición, el Departamento de Justicia solicitó a la Corte Suprema una suspensión administrativa inmediata que permita continuar con las deportaciones mientras los magistrados consideran el asunto.
El alto tribunal pidió a los representantes de los inmigrantes que presenten su respuesta a la solicitud del Gobierno.
La decisión que adopte la Corte Suprema determinará, al menos temporalmente, si la Administración Trump puede reanudar los traslados bajo las reglas que venía aplicando o si deberá mantener las garantías procesales establecidas por los tribunales inferiores mientras continúa el litigio.
Fuentes varias