Corte de apelaciones frena política de detención obligatoria de inmigrantes en Estados Unidos
Una corte federal de apelaciones determinó que la administración del presidente Donald Trump no puede impedir de manera general que los inmigrantes detenidos dentro de Estados Unidos soliciten una audiencia para obtener su libertad bajo fianza mientras se resuelven sus procesos migratorios.
La decisión fue adoptada por dos votos contra uno por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco. El fallo profundiza la división existente entre distintos tribunales federales sobre la política gubernamental que amplió la detención obligatoria a personas arrestadas en el interior del país.
La mayoría del tribunal estuvo integrada por el juez Daniel Bress, designado por Trump, y la jueza M. Margaret McKeown, nombrada durante la presidencia de Bill Clinton. Ambos respaldaron la interpretación histórica de la legislación migratoria, según la cual los inmigrantes detenidos lejos de la frontera pueden solicitar una audiencia de fianza.
Bress sostuvo que, aunque las disposiciones legales analizadas son complejas y admiten distintas interpretaciones, la aplicación tradicional de la ley resulta más consistente con el marco jurídico vigente.
El juez Carlos Bea, nombrado por el expresidente George W. Bush, emitió un voto disidente. En su opinión, una reforma aprobada por el Congreso en 1996 permite aplicar la detención obligatoria también a inmigrantes arrestados dentro del territorio estadounidense.
Durante administraciones anteriores, los no ciudadanos sin antecedentes penales detenidos en el interior del país generalmente podían comparecer ante un juez para solicitar su liberación bajo fianza. La detención obligatoria se aplicaba principalmente a personas interceptadas en la frontera.
Sin embargo, nuevas directrices emitidas por funcionarios migratorios ampliaron ese criterio y ordenaron mantener bajo custodia a un mayor número de inmigrantes mientras avanzaban sus casos. La medida, vinculada con la política de deportaciones masivas impulsada por el Gobierno, provocó numerosas demandas en tribunales federales.
Varios jueces habían ordenado previamente la realización de audiencias de fianza y cuestionaron al Gobierno por incumplir o interpretar de forma restrictiva sus resoluciones.
La controversia ha generado decisiones contradictorias. Otros cuatro tribunales federales de apelaciones han rechazado la postura de la administración, mientras que los tribunales de los circuitos Quinto y Octavo la han respaldado.
Esta división aumenta la posibilidad de que la Corte Suprema de Estados Unidos intervenga para establecer una interpretación definitiva sobre el alcance de la detención obligatoria en los procesos migratorios.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no había emitido una respuesta pública sobre el fallo.
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