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Tribunal de inmigración de Hartford alcanza una cifra récord de órdenes de deportación

El tribunal de inmigración de Hartford, Connecticut, registró durante los primeros cinco meses de 2026 su tasa más alta de órdenes de expulsión, en medio de una fuerte reducción de personal, cambios en la programación de audiencias y nuevas políticas federales destinadas a disminuir la acumulación de casos pendientes.

Entre el 1 de enero y el 1 de junio, los jueces emitieron 2.858 órdenes de deportación, una cifra superior a la registrada en el mismo período de años anteriores. Más del 88% de los expedientes resueltos terminaron con una orden de remoción, mientras que menos del 1,4% recibió algún tipo de alivio migratorio, como asilo, cancelación de deportación o ajuste de estatus.

La jueza Angela Munson cerró más de 1.700 casos durante ese período y ordenó la expulsión en el 92% de ellos. Por su parte, el juez Daniel Morris resolvió alrededor de 900 expedientes, con una tasa de deportación del 85%.

Ambos magistrados tramitaron juntos más de 2.650 casos en cinco meses, pese a que el tribunal contaba anteriormente con cinco jueces de manera regular. A comienzos de 2026, Hartford llegó a operar con un solo magistrado permanente, después de despidos, jubilaciones y otras salidas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que reducir la acumulación de expedientes es una de las principales prioridades de la administración del presidente Donald Trump. A nivel nacional existen más de 3,2 millones de casos migratorios pendientes, mientras que el número de jueces de inmigración disminuyó de 735 en 2024 a 587 durante el segundo trimestre de 2026.

A finales de mayo fue asignada a Hartford una tercera jueza, Sarah Sawwan. El tribunal también recurre a magistrados temporales, aunque abogados locales advierten que persisten las carencias de secretarios y empleados administrativos.

Especialistas en derecho migratorio consideran que la falta de personal y el elevado volumen de trabajo podrían dificultar el respeto pleno de las garantías procesales. Michael Doyle, director de servicios legales de Integrated Refugee and Immigrant Services, atribuyó el aumento de las deportaciones a la presión federal para cerrar expedientes y reducir el atraso judicial.

Abogados consultados también señalaron que algunas audiencias han cambiado de modalidad virtual a presencial, mientras que otras fueron adelantadas o canceladas. Estas modificaciones, según indicaron, pueden generar confusión entre las personas citadas y sus representantes legales.

Uno de los factores que estaría impulsando las órdenes de deportación es el incremento de los fallos emitidos en ausencia, cuando la persona convocada no se presenta. La ley permite dictar una orden de expulsión en estos casos siempre que el juez determine que el inmigrante fue notificado correctamente.

Durante una audiencia preliminar realizada a comienzos de junio, fueron llamados cerca de 50 nombres, pero menos de la mitad de las personas se encontraban presentes en la sala. Los abogados temen que algunos inmigrantes no reciban a tiempo los avisos sobre cambios de fecha o modalidad.

En todo Estados Unidos se emitieron durante 2026 un promedio mensual de 26.174 órdenes de deportación en ausencia, unas 7.500 más por mes que en 2024. Defensores de los inmigrantes sostienen que parte de este aumento podría estar relacionado con audiencias reprogramadas con poca anticipación.

Hartford también estaría organizando audiencias masivas con 100 o más personas convocadas. Aunque estos procedimientos suelen ser breves y administrativos, los abogados advierten que la falta de espacio, la confusión y las ausencias podrían elevar todavía más el número de órdenes de expulsión.

Mientras el Gobierno federal defiende la necesidad de acelerar la resolución de millones de expedientes, organizaciones de asistencia legal expresan preocupación por el impacto que la rapidez y la escasez de recursos pueden tener sobre el derecho de cada persona a presentar adecuadamente su caso.

Sasha Allen (CT Mirror)

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