Juez federal bloquea intento de añadir el nombre de Trump al Kennedy Center y frena cierre temporal
Un juez federal dictaminó que el Kennedy Center no puede llevar el nombre del presidente Donald Trump y bloqueó el cierre temporal que estaba previsto como parte de una renovación de varios años del histórico centro de artes escénicas en Washington.
La decisión fue emitida por el juez federal de distrito Casey Cooper, quien concluyó que la junta del Kennedy Center violó la ley al aprobar el cambio de nombre de la institución. En su fallo de 94 páginas, Cooper sostuvo que la legislación que creó el centro establece claramente que debe llevar el nombre del presidente John F. Kennedy y que no puede recibir otro nombre oficial ni un homenaje público adicional por decisión unilateral de la junta.
“El Congreso le dio su nombre al Kennedy Center, y solo el Congreso puede cambiarlo”, escribió el juez en su resolución.
Como parte de la orden judicial, los funcionarios del centro deberán retirar en un plazo de dos semanas cualquier señalización que incluya el nombre de Trump. Además, deberán actualizar el sitio web de la institución para eliminar referencias como “Trump Kennedy Center” o “Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”.
El fallo también prohíbe de forma permanente que el centro instale o mantenga letreros físicos o digitales que sugieran que la institución lleva el nombre de una persona distinta al presidente John F. Kennedy.
Tras conocerse la decisión, Trump publicó en Truth Social que había instruido al Departamento de Comercio para coordinar con el Congreso una posible transferencia total de la institución, incluyendo su operación, mantenimiento y gestión. El mandatario afirmó que estaba siendo tratado “injustamente” y señaló que no tenía interés en continuar involucrado si no podía actuar con libertad sobre el futuro del centro.
Sin embargo, los detalles de esa eventual transferencia no quedaron claros de inmediato. Desde su creación como homenaje permanente a Kennedy, el centro ha sido supervisado por una junta de fideicomisarios vinculada al Poder Ejecutivo, mientras que el Congreso ha manejado las asignaciones anuales para sus operaciones y mantenimiento.
El Kennedy Center indicó que planea apelar el fallo. Roma Daravi, vicepresidenta de relaciones públicas de la institución, afirmó en un comunicado que confían en que un tribunal de apelaciones respaldará la decisión de la junta de reconocer lo que describió como contribuciones históricas de Trump al centro cultural nacional.
Aunque Cooper bloqueó el cierre temporal previsto, aclaró que el centro puede continuar con los trabajos de renovación del edificio. No obstante, señaló que un cierre total solo podría reconsiderarse después de que la junta analice de manera más completa el impacto que tendría sobre su obligación legal de mantener programación activa.
El juez sostuvo que no había evidencia de que la junta hubiera evaluado todas sus responsabilidades legales antes de determinar que un cierre completo era apropiado. Según el fallo, los documentos entregados a la representante demócrata Joyce Beatty, miembro ex officio de la junta, se enfocaban principalmente en las obras ya previstas y no en justificar la necesidad de cerrar por completo la institución.
La decisión representa una victoria legal para Beatty, quien presentó la demanda después de que la junta impulsara el cambio de nombre y posteriormente modificó su reclamo al conocerse los planes de cierre. En un comunicado, la congresista afirmó que el fallo confirma que los esfuerzos para cambiar el nombre y cerrar el centro no tenían base legal.
“El Kennedy Center es una institución que pertenece al pueblo estadounidense, no a Donald Trump”, declaró Beatty.
Trump, quien fue elegido presidente de la junta el año pasado, ha encabezado cambios significativos en la dirección y programación del centro. Esos movimientos provocaron críticas, una caída en la venta de entradas y la cancelación de apariciones por parte de artistas reconocidos.
La junta, integrada en gran parte por personas cercanas a Trump, aprobó a finales del año pasado el cambio de nombre y luego votó en marzo a favor de cerrar el centro a partir del 7 de julio para una renovación estimada en dos años.
Cooper cuestionó el proceso seguido por la junta y señaló que la votación sobre el cierre parecía estar decidida de antemano. Según el juez, los fideicomisarios se enteraron del plan prácticamente al mismo tiempo que el público, a través de una publicación en redes sociales, lo que les impidió tener tiempo e información suficiente para evaluar una de las decisiones más importantes en la historia del centro desde su apertura en 1971.
Exmiembros del personal habían advertido que un cierre prolongado podía causar daños significativos, incluida la pérdida de artistas, empleados con experiencia, público y donantes. A pesar de esas preocupaciones, la junta avanzó con el plan, ahora detenido por orden judicial.
Fuentes varias