Gobierno de Trump intensifica ofensiva para quitar la ciudadanía a 17 migrantes naturalizados
Washington.— El gobierno del presidente Donald Trump abrió un nuevo frente en su política migratoria al iniciar acciones judiciales para retirar la ciudadanía estadounidense a 17 personas naturalizadas, acusadas de haber ocultado delitos, falseado información o cometido fraude durante sus procesos de inmigración y naturalización.
El Departamento de Justicia informó que las demandas fueron presentadas en tribunales federales de distintos distritos del país. Según la dependencia, los casos involucran acusaciones relacionadas con abuso sexual de menores, fraude bancario y electrónico, distribución ilegal de medicamentos con receta, fraude migratorio y uso de identidades falsas. Las autoridades sostienen que estas personas no habrían cumplido con los requisitos legales para obtener la ciudadanía o habrían engañado al gobierno durante el trámite.
La medida forma parte de una campaña más amplia de desnaturalización impulsada por la administración Trump, que ha prometido utilizar todos los recursos legales disponibles para revisar casos de ciudadanía obtenida presuntamente de manera irregular. Aunque históricamente estos procesos han sido poco comunes, el gobierno ha buscado ampliar su uso como herramienta de control migratorio.
Entre los casos mencionados por las autoridades figuran personas condenadas o acusadas por conspiración para cometer fraude en el sistema de salud, intento de agresión sexual contra menores, fraude con visas H-1B y distribución de medicamentos sin licencia. También se incluye el caso de una persona que, de acuerdo con el Departamento de Justicia, habría usado una nueva identidad después de que se le negara previamente un beneficio migratorio.
Funcionarios federales defendieron la ofensiva bajo el argumento de que la ciudadanía estadounidense debe obtenerse de forma honesta y que quienes hayan ocultado información relevante durante el proceso pueden enfrentar la revocación de su naturalización. Sin embargo, estos casos deberán pasar por tribunales federales, donde el gobierno tiene la carga de demostrar que la ciudadanía fue obtenida ilegalmente o mediante ocultamiento deliberado de hechos materiales.
La desnaturalización es un procedimiento complejo y de alto estándar legal, por lo que no basta con una acusación administrativa para retirar la ciudadanía. Cada caso debe ser evaluado por un juez, y las demandas presentadas por el Departamento de Justicia siguen siendo alegaciones hasta que exista una resolución judicial definitiva.
El nuevo anuncio confirma que la política migratoria de la administración Trump no solo está dirigida contra personas indocumentadas, sino también contra inmigrantes que ya obtuvieron la ciudadanía estadounidense por naturalización. Con ello, el gobierno profundiza una estrategia que podría tener amplias repercusiones legales y políticas dentro del sistema migratorio de Estados Unidos.
Fuentes varias