Nueva política migratoria exige que solicitantes de “green card” salgan de EE.UU. para completar el trámite
El Gobierno del presidente Donald Trump anunció una nueva política migratoria que exigirá a la mayoría de los inmigrantes que buscan obtener la residencia permanente legal, conocida como “green card”, salir de Estados Unidos y realizar el trámite desde sus países de origen o a través de consulados estadounidenses en el extranjero. La medida fue anunciada el viernes 22 de mayo de 2026 por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS.
El cambio representa una modificación significativa en el proceso de ajuste de estatus, que durante décadas permitió a muchas personas que ya se encontraban dentro del país solicitar la residencia permanente sin tener que abandonar Estados Unidos. Según la nueva disposición, los solicitantes deberán regresar a sus países para continuar el trámite mediante el Departamento de Estado, salvo en casos considerados de “circunstancias extraordinarias”.
La medida podría afectar a trabajadores con visas temporales, estudiantes, personas con familiares ciudadanos estadounidenses, solicitantes de beneficios migratorios y otros inmigrantes que buscan regularizar su permanencia de manera legal. De acuerdo con datos públicos del Departamento de Seguridad Nacional, aproximadamente 1.4 millones de personas obtuvieron la residencia permanente legal durante el año fiscal 2024.
El portavoz de USCIS, Zach Kahler, defendió la política al señalar que cuando los extranjeros solicitan la residencia desde sus países de origen se reduce la necesidad de localizar y deportar a quienes, tras una negativa, deciden permanecer ilegalmente en Estados Unidos. La administración sostiene que el cambio busca que el sistema migratorio funcione conforme a la intención original de la ley.
Sin embargo, abogados de inmigración, legisladores demócratas y organizaciones defensoras de los inmigrantes han criticado duramente la medida. Advierten que podría separar familias, obligar a personas a dejar sus empleos, interrumpir estudios y generar incertidumbre en comunidades que ya dependen de procesos migratorios largos y complejos.
La representante demócrata Delia C. Ramirez, de Illinois, calificó la política como “más allá de cruel”, mientras que el congresista Greg Stanton, demócrata de Arizona, afirmó que la decisión dificultará aún más la inmigración legal y podría afectar la capacidad de Estados Unidos para atraer investigadores, médicos, ingenieros y otros trabajadores calificados.
David J. Bier, director de estudios de inmigración del Cato Institute, también cuestionó la política y la describió como “ilógica”. Según Bier, obligar a inmigrantes con talento a salir del país podría empujar a muchos a buscar oportunidades en otras naciones, reduciendo la competitividad de Estados Unidos en sectores clave.
La nueva política forma parte de una serie de acciones migratorias impulsadas por la administración Trump, que también ha buscado limitar solicitudes de asilo, revisar beneficios migratorios, restringir visas de trabajo y estudiante, y reducir programas de protección temporal para ciudadanos de varios países.
Se espera que la medida enfrente impugnaciones legales en los tribunales federales. Mientras tanto, miles de familias y trabajadores inmigrantes permanecen atentos a cómo se aplicará la norma y qué casos podrían calificar para las excepciones anunciadas por USCIS.
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