Aliados de Trump y condenados por el 6 de enero buscan acceder a fondo federal de compensación
Washington.– Un nuevo fondo de compensación de casi 1.800 millones de dólares creado por la administración de Donald Trump ha generado una fuerte controversia en Estados Unidos, luego de que condenados por el asalto al Capitolio, negacionistas de las elecciones de 2020 y aliados del presidente manifestaran su interés en solicitar pagos por lo que consideran persecución política.
El fondo, descrito por el gobierno como una herramienta para compensar a víctimas de la “instrumentalización” del sistema judicial, fue establecido tras un acuerdo relacionado con una demanda presentada por Trump por el presunto manejo indebido de sus registros fiscales. La administración sostiene que el mecanismo no está limitado a un solo grupo político y que cualquier persona podrá presentar una solicitud ante una comisión encargada de revisar los casos.
Entre los posibles solicitantes figuran personas procesadas por los hechos del 6 de enero de 2021, cuando una multitud de partidarios de Trump irrumpió en el Capitolio mientras el Congreso certificaba la victoria electoral de Joe Biden. Más de 1.500 acusados por esos hechos recibieron clemencia durante el actual mandato de Trump, incluidos indultos y conmutaciones de penas.
Algunos de los involucrados afirman que las investigaciones y condenas destruyeron sus carreras, afectaron sus finanzas y les impidieron reconstruir sus vidas. Dominic Box, condenado por su participación en los disturbios y luego indultado, dijo que espera recibir una compensación porque, según afirmó, no ha podido recuperar estabilidad laboral tras el proceso judicial.
También han surgido expectativas entre figuras de alto perfil vinculadas a las denuncias infundadas de fraude electoral de 2020. El empresario Mike Lindell, director ejecutivo de MyPillow, dijo que su compañía perdió cientos de millones de dólares tras su activismo postelectoral. One America News, cadena que difundió acusaciones falsas sobre las elecciones y enfrentó demandas por difamación, también estaría evaluando acogerse al fondo.
La amplitud del programa ha provocado críticas de legisladores demócratas, exfuncionarios y agentes que defendieron el Capitolio. Los policías Harry Dunn y Daniel Hodges presentaron una demanda para bloquear el fondo, al que califican como un uso indebido de dinero público que podría beneficiar a personas vinculadas con la violencia política del 6 de enero.
Durante una audiencia presupuestaria, el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, evitó descartar que personas condenadas por delitos relacionados con el ataque al Capitolio puedan recibir pagos. Blanche indicó que cualquier solicitante podrá presentar su caso y que será una comisión de cinco miembros la encargada de determinar la elegibilidad.
El fondo también podría atraer solicitudes de otros aliados de Trump investigados en distintos procesos, incluidos casos relacionados con la pesquisa del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en 2016, el juicio político por Ucrania en 2019 y las investigaciones sobre los llamados “electores falsos” de 2020.
Para sus defensores, el fondo representa una reparación para quienes consideran que fueron perseguidos por motivos políticos. Para sus críticos, se trata de una medida sin precedentes que podría convertir recursos públicos en compensaciones para personas condenadas o investigadas por intentar alterar el proceso democrático estadounidense.
Fuentes varias