Defensores denuncian como “increíblemente cruel” la posible eliminación de programa de atención domiciliaria en Connecticut

Familias y defensores de personas con discapacidad en Connecticut han encendido las alarmas ante la propuesta del gobernador Ned Lamont de eliminar el programa estatal Community First Choice (CFC), una iniciativa que permite a miles de residentes recibir atención en sus hogares con mayor autonomía.

El caso de Alexi Jorden ilustra lo que está en juego. El joven, que vive con múltiples discapacidades, incluido autismo profundo, depende de cuidadores personales que lo asisten a diario en tareas esenciales como su higiene, alimentación y el uso de un dispositivo de comunicación. Para su madre, Lorra Jorden, estos cuidadores no solo cumplen una función práctica, sino que también aportan estabilidad emocional y conexión humana, elementos clave en el desarrollo de su hijo.

Algunos de estos asistentes son estudiantes de biomedicina de la Universidad de Connecticut, lo que aporta un valor adicional al seguimiento del progreso de Alexi, especialmente en áreas relacionadas con el lenguaje y la comunicación.

Sin embargo, este modelo de atención podría desaparecer. La propuesta del gobernador plantea sustituir CFC por programas de exención basados en el hogar y la comunidad. Aunque también están financiados por Medicaid, estos programas son menos flexibles y, a diferencia de CFC, tienen cupos limitados, lo que genera listas de espera que pueden extenderse durante años.

El impacto potencial es significativo. En el año fiscal 2025, Connecticut destinó más de 4.300 millones de dólares a la atención a largo plazo, casi el 40 % de su presupuesto total de Medicaid. De ese monto, aproximadamente el 60 % se invirtió en servicios domiciliarios y comunitarios, mientras que el resto se dirigió a instituciones.

Una de las principales ventajas de Community First Choice es que no tiene límite de inscripción: cualquier persona que cumpla con los requisitos puede acceder al programa. En contraste, los programas de exención imponen restricciones en el número de beneficiarios, lo que podría obligar a muchas familias a asumir el cuidado por su cuenta o a recurrir a entornos institucionales.

Defensores advierten que eliminar CFC reduciría la autonomía de los beneficiarios y pondría en riesgo la calidad de vida de miles de personas vulnerables. Para familias como los Jorden, la propuesta no solo representa un cambio administrativo, sino una amenaza directa a su rutina diaria y al bienestar de sus seres queridos.

Laura Tillman y Katy Golvala (CT Mirror)

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