Policías de Connecticut deben intervenir ante abusos cometidos por agentes federales
La ley de rendición de cuentas policial de Connecticut obliga a los agentes estatales y locales a intervenir cuando presencian un uso excesivo de la fuerza o violaciones a los derechos civiles, incluso si estos actos son cometidos por agentes federales de inmigración. Así lo confirmaron este viernes dos altos funcionarios policiales del estado.
De acuerdo con la legislación vigente, los oficiales de Connecticut tienen el deber legal de actuar frente a conductas abusivas observadas en cualquier intervención policial, sin importar a qué agencia pertenezca el funcionario involucrado. La norma establece que la responsabilidad de proteger a la ciudadanía prevalece sobre la jerarquía o la jurisdicción de los cuerpos de seguridad.
El comisionado de Servicios de Emergencia y Protección Pública, Ronnell Higgins, subrayó que la expectativa es clara: los agentes deben intervenir ante cualquier abuso que presencien. “Esperamos que nuestros oficiales actúen cuando detecten un uso indebido de la fuerza, sin excepciones”, afirmó.
En la misma línea, Thomas Wydra, director ejecutivo de la Academia de Policía de Connecticut, explicó que el deber de intervenir es un principio incorporado de forma explícita en la formación policial desde la aprobación de la ley, impulsada tras el asesinato de George Floyd en 2020.
“El deber es claro y aplica a todos los uniformes. Hay que reconocer cuando un colega pierde el control y apartarlo, verbal o físicamente, para evitar un acto potencialmente trágico”, sostuvo.
Las autoridades destacaron que esta disposición busca prevenir abusos, reforzar la responsabilidad individual de cada agente y fortalecer la confianza pública en las fuerzas de seguridad. Asimismo, remarcaron que el incumplimiento de este deber puede acarrear sanciones disciplinarias y consecuencias legales.
La confirmación de que esta obligación también se extiende a los agentes federales de inmigración se produce en un contexto de creciente debate sobre el uso de la fuerza y los procedimientos en operativos migratorios. Organizaciones civiles han reclamado mayor supervisión y respeto a los derechos humanos durante estas intervenciones.
Con esta postura oficial, Connecticut reafirma que su legislación prioriza la protección de los derechos fundamentales y exige a sus policías actuar de manera preventiva frente a cualquier conducta abusiva, independientemente del organismo al que pertenezca el agente involucrado.
Mark Pazniokas (CT Mirror)
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