El Parlamento de Venezuela aprueba una reforma que desmantela el control estatal del petróleo
La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó en primera discusión una reforma de la Ley de Hidrocarburos que modifica de manera sustancial el marco legal que reguló al sector petrolero durante más de dos décadas. La iniciativa habilita una mayor participación de empresas privadas, locales y extranjeras, reduce el control directo del Estado y flexibiliza las condiciones fiscales para atraer inversión.
El proyecto elimina uno de los pilares del modelo instaurado durante el gobierno de Hugo Chávez: la obligación de que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) mantenga una participación mayoritaria en todos los desarrollos. Con la nueva normativa, las compañías podrán explorar, producir y comercializar petróleo con mayor autonomía, incluso operando campos por cuenta propia mediante contratos con la estatal y recibiendo directamente los ingresos por la venta del crudo.
La reforma fue impulsada por Delcy Rodríguez y supone un giro respecto a la legislación aprobada a mediados de los años 2000, cuando el Estado concentró el control de la industria y obligó a los privados a operar exclusivamente a través de empresas mixtas dominadas por PDVSA. Durante el debate parlamentario, el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, defendió la iniciativa como un paso necesario para reactivar una industria afectada por la falta de inversión y la caída sostenida de la producción. “El petróleo debajo de la tierra no sirve de nada”, afirmó al pedir el respaldo de los diputados. La propuesta no encontró oposición en esta primera votación y aún deberá pasar por una segunda discusión para su aprobación definitiva.
Entre los cambios centrales, el texto introduce un régimen de regalías más flexible. El Ejecutivo podrá reducirlas hasta un 15 %, frente al 33 % vigente, en proyectos especiales o de alta complejidad técnica, una medida orientada a incentivar inversiones en campos maduros o desarrollos de alto costo. “Son campos que requieren inversiones importantes, pero para lograrlas debe haber flexibilidad en las regalías”, sostuvo el diputado Orlando Camacho al presentar un resumen del proyecto.
La reforma también incorpora mecanismos de arbitraje internacional para la resolución de disputas contractuales, una demanda histórica de las petroleras extranjeras tras las nacionalizaciones y expropiaciones realizadas durante los gobiernos de Chávez y Nicolás Maduro. No obstante, abogados y analistas han advertido que el nuevo marco entra en tensión con la Constitución venezolana, que reserva al Estado las actividades primarias del sector, y que su aplicación requerirá la derogación o modificación de otras leyes aprobadas durante el ciclo chavista.
El cambio legislativo se produce tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y en medio de un acelerado acercamiento político y energético entre Caracas y Washington, luego de años de relaciones congeladas. Menos de tres semanas después de la salida de Maduro, Estados Unidos confirmó el nombramiento de Laura F. Dogu como nueva jefa de misión para Venezuela y avanzó en acuerdos energéticos que, según el presidente Donald Trump, otorgan a Washington un rol central en el principal sector económico del país.
El nuevo régimen chavista busca garantizar un flujo sostenido de divisas para estabilizar una economía marcada por la inflación y la dolarización informal. Esta semana, Rodríguez destinó 300 millones de dólares provenientes de una venta de crudo intermediada por Estados Unidos para apuntalar el bolívar, una señal de la urgencia por reactivar el ingreso de capitales. Economistas coinciden en que solo una apertura prolongada a la inversión extranjera puede sostener ese alivio.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero su producción se desplomó en la última década debido a la falta de inversión, la gestión estatal y el aislamiento internacional. La reforma de la Ley de Hidrocarburos busca revertir ese deterioro desmontando el modelo de control total del chavismo y enviando una señal al mercado. Para los inversores, el alcance real del cambio dependerá de su aprobación final, de la seguridad jurídica y de la capacidad del nuevo marco para reemplazar un sistema que durante años ahuyentó capital y tecnología.
Fuentes varias