Delcy Rodríguez anuncia ley de amnistía general y el cierre definitivo de la cárcel del Helicoide en Venezuela
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes la presentación de una ley de amnistía general y el cierre de la cárcel de El Helicoide, uno de los centros de detención más cuestionados por organismos de derechos humanos en el país. La propuesta fue divulgada durante la apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en un acto transmitido por Venezolana de Televisión.
La iniciativa surge pocas semanas después de que Rodríguez asumiera el poder tras la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro durante una incursión militar de Estados Unidos, y luego de que el presidente estadounidense Donald Trump se refiriera públicamente al cierre de centros de detención señalados por violaciones a los derechos humanos en Caracas.
Rodríguez explicó que la ley abarcará el periodo de violencia política comprendido entre 1999 y la actualidad, con el objetivo de “reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia y el extremismo, y reencauzar la convivencia entre los venezolanos”. Asimismo, solicitó a los beneficiarios de la medida que no prevalezcan “la venganza, la revancha ni el odio”.
El proyecto será presentado con carácter de urgencia ante la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista. No obstante, se informó que quedarán excluidas de la amnistía las personas procesadas o condenadas por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos. Hasta el momento, no se han detallado los criterios específicos para definir quiénes serán beneficiados.
El anuncio se produce en el contexto de un proceso de excarcelaciones iniciado el pasado 8 de enero. De acuerdo con la organización Foro Penal, actualmente permanecen 711 personas detenidas por motivos políticos, aunque desde el inicio de la nueva gestión se han liberado 302. La ONG también denuncia que más de 11.000 ciudadanos continúan bajo restricciones arbitrarias de libertad.
Como parte de las medidas, Rodríguez ordenó el cierre de la cárcel de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas y considerada por organismos de derechos humanos como un centro de tortura. El inmueble será transformado en un espacio social, deportivo, cultural y comercial destinado a la familia policial y a las comunidades vecinas.
Diversas organizaciones no gubernamentales, entre ellas Foro Penal, Provea, Surgentes y el Comité de Madres por la Verdad, han reclamado durante años una amnistía general para los presos políticos. Estas agrupaciones presentaron una propuesta formal días antes del anuncio presidencial, que incluye a luchadores sociales, periodistas, militares y activistas detenidos tras movilizaciones postelectorales.
La historia reciente del país registra intentos similares. En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez promulgó una ley de amnistía para implicados en el golpe de Estado de 2002. En 2016, la Asamblea Nacional aprobó otra norma que fue declarada inconstitucional por el TSJ. En 2020, Nicolás Maduro otorgó 110 indultos a opositores, aunque su gobierno negó reiteradamente la existencia de presos políticos.
Organizaciones de derechos humanos han recibido la iniciativa con cautela. Provea señaló que la liberación de detenidos debe entenderse como una restitución de derechos fundamentales y no como un acto de clemencia. Además, insistió en que la amnistía debe incluir a toda la sociedad civil sin discriminación.
El debate y eventual aprobación de la ley quedará ahora en manos de la Asamblea Nacional, mientras organismos nacionales e internacionales mantienen vigilancia sobre el alcance real y las condiciones de su implementación.
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