El Departamento de Justicia demanda a Illinois y Chicago por políticas migratorias
Washington, D.C. – En un nuevo capítulo de tensiones entre el gobierno federal y las administraciones locales, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha interpuesto una demanda contra el estado de Illinois, la ciudad de Chicago, el condado de Cook y la oficina del sheriff de dicho condado. La acción legal, presentada el jueves, busca anular normativas locales que, según el gobierno federal, obstaculizan la cooperación con los agentes de inmigración.
El documento presentado por el Departamento de Justicia alega que las leyes estatales y locales en Illinois y Chicago interfieren en la aplicación de la normativa migratoria federal, además de discriminar al propio gobierno. Según la demanda, estas regulaciones han permitido la liberación de “innumerables criminales” que, de otra manera, habrían sido retenidos para su deportación, poniendo en riesgo la seguridad pública.
Impacto de las leyes locales en la política migratoria federal
El gobierno argumenta que, entre 2016 y 2025, más de 13,000 migrantes indocumentados fueron arrestados en Illinois por autoridades de inmigración. Sin embargo, leyes como la Illinois TRUST Act han limitado la cooperación entre agencias locales y federales, restringiendo el acceso a información clave sobre detenidos. Dicha legislación, promulgada en 2017, prohíbe a las fuerzas del orden locales detener a individuos únicamente por una solicitud de retención de ICE sin una orden judicial.
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, defendió la legislación argumentando que cumple con la normativa federal y busca fortalecer la relación entre las comunidades migrantes y la policía. Según su oficina, obligar a las fuerzas locales a colaborar con ICE podría generar desconfianza entre los migrantes, afectando la denuncia de delitos y la cooperación con la policía.
Respuestas de las autoridades locales y el contexto legal
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, reafirmó el compromiso de la ciudad como un lugar acogedor para todos sus residentes, sin importar su estatus migratorio. En un comunicado, destacó que la seguridad de la población sigue siendo prioritaria y que la ciudad defenderá sus valores frente a cualquier intento de modificar sus políticas migratorias.
La disputa legal se enmarca en la estrategia del gobierno de Trump de endurecer la aplicación de las leyes migratorias. Un día antes de la demanda, la fiscal general Pam Bondi ordenó suspender los fondos federales destinados a jurisdicciones que, en su criterio, interfieren ilegalmente con las operaciones de inmigración. Según el Departamento de Justicia, las leyes de Illinois violan la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos al impedir la implementación de políticas migratorias federales.
Un conflicto con implicaciones nacionales
En las semanas previas a la presentación de la demanda, altos funcionarios del Departamento de Justicia visitaron Chicago para supervisar operativos migratorios. La batalla legal entre el gobierno federal y las autoridades de Illinois promete ser prolongada, con el gobierno de Trump buscando invalidar leyes locales que considera obstructivas y las autoridades estatales listas para defenderlas ante los tribunales.
El gobernador Pritzker aseguró que Illinois seguirá legislando en favor de sus residentes, independientemente de su estatus migratorio, y que resistirá cualquier intento de socavar la autonomía estatal. A medida que avanza el proceso judicial, este caso podría sentar precedentes en la política migratoria de Estados Unidos y redefinir la relación entre el gobierno federal y los estados con políticas migratorias propias.
Fuentes: Infobae