Estados Unidos propone reinterpretación legal que permitiría revocar Green Cards incluso décadas después de ser otorgadas
Una reciente postura del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha generado gran controversia y preocupación en las comunidades inmigrantes del país. El pasado martes 13 de mayo, en una audiencia ante la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito, el gobierno federal defendió la idea de que puede revocar una Green Card —la residencia permanente legal— en cualquier momento, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde su emisión.
La declaración se dio en el contexto del caso de Mohammad Qatanani, un imán palestino residente en Nueva Jersey desde 1996. Aunque su residencia fue aprobada en 1999 y ratificada en fallos posteriores de jueces de inmigración, el gobierno sostiene que su estatus nunca fue “formalmente finalizado” debido a supuestas omisiones administrativas, como la falta de un número de visa asignado o actualizaciones biométricas.
Una reinterpretación con implicaciones nacionales
La abogada del gobierno, Lindsay Murphy, argumentó que el fiscal general tiene la autoridad para revisar y cancelar el estatus de residencia en cualquier momento si existen “circunstancias excepcionales”, y que no existe un límite temporal para ello. Esta reinterpretación, de ser aceptada por la corte, permitiría al gobierno revisar retroactivamente millones de casos de residentes legales en Estados Unidos.
Expertos en derecho migratorio han expresado su preocupación. Amelia Wilson, profesora de derecho en la Elisabeth Haub School of Law, señaló que la ley vigente establece procedimientos claros y garantistas para revocar una Green Card, incluyendo la notificación formal al inmigrante y el derecho a una audiencia.
Por su parte, el abogado especialista en inmigración Bradford Bernstein advirtió que este enfoque permitiría la cancelación del estatus migratorio por errores técnicos administrativos, sin necesidad de demostrar fraude o conducta ilegal por parte del residente. “Es un precedente peligroso que socava la confianza en el sistema legal migratorio”, declaró.
Impacto potencial y futuro legal incierto
Aunque por ahora la decisión tendría efecto solo en los estados bajo la jurisdicción del Tercer Circuito (Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware), existe el temor de que otras cortes adopten la misma interpretación, lo que podría afectar a millones de inmigrantes con estatus de residencia legal, incluso a quienes han vivido décadas en el país sin antecedentes penales y con sólidas contribuciones a sus comunidades.
Dado el peso del caso, no se descarta que eventualmente llegue hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se definiría un nuevo estándar nacional. Al tratarse de una reinterpretación legal —y no de un cambio legislativo— el proceso puede avanzar rápidamente, sin necesidad de aprobación por el Congreso.
Fuentes varias