Demandan a Connecticut por negar servicios a personas con discapacidad intelectual según su coeficiente intelectual
Cuatro residentes de Connecticut presentaron una demanda contra el estado por utilizar estrictamente los resultados de pruebas de coeficiente intelectual (IQ) para determinar quiénes pueden acceder a servicios destinados a personas con discapacidad intelectual. Los demandantes consideran que este criterio es anticuado, discriminatorio y contrario a los estándares médicos actuales.
Uno de los casos es el de Carriella Borchetta, una joven de 20 años residente de Trumbull, quien tiene síndrome de Williams, una condición genética que afecta el desarrollo neurológico, y ha sido diagnosticada con discapacidad intelectual.
Su madre, Edna Borchetta, desea que su hija tenga las mismas oportunidades que otros jóvenes de su edad: estudiar, trabajar, desarrollar habilidades y alcanzar una vida independiente. Sin embargo, el Departamento de Servicios del Desarrollo de Connecticut (DDS) le ha negado en dos ocasiones el acceso a programas de asistencia debido a sus resultados en las pruebas de inteligencia.
Actualmente, Connecticut exige que los solicitantes obtengan un coeficiente intelectual de 69 puntos o menos, además de demostrar dificultades significativas en su funcionamiento cotidiano desde antes de los 18 años.
En el caso de Carriella, sus evaluaciones arrojaron resultados que oscilaron entre 67 y 76 puntos. Aunque presenta importantes dificultades para realizar determinadas actividades de manera independiente, el estado consideró que no cumplía con los requisitos establecidos.
“Mi hija es mucho más que un número”, expresó su madre, quien considera injusto que una prueba determine las oportunidades de desarrollo de una persona.
Una demanda que cuestiona los criterios del estado
La demanda, presentada el pasado 10 de agosto, sostiene que las normas de Connecticut vulneran el derecho constitucional a la igualdad de protección de las personas con discapacidades físicas o mentales.
Los abogados de los demandantes argumentan que el estado utiliza una definición desactualizada de discapacidad intelectual que no coincide con los criterios establecidos por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría.
Según los especialistas, las evaluaciones modernas deben considerar no solamente el coeficiente intelectual, sino también las habilidades sociales, prácticas y conceptuales de cada persona, incluyendo su capacidad para comunicarse, administrar actividades cotidianas, utilizar el transporte y desenvolverse de manera independiente.
Un estudio de la Universidad de Connecticut reveló que solamente ocho estados, incluido Connecticut, utilizaban un puntaje único como criterio determinante de elegibilidad. Otros 19 consideraban el IQ como uno de varios factores, mientras que 24 no utilizaban estos resultados para determinar el acceso a los servicios.
Servicios esenciales para una vida independiente
Los programas administrados por el DDS ofrecen recursos importantes, como asistencia de trabajadores sociales, apoyo para conseguir empleo, programas diurnos, viviendas supervisadas y compensaciones para familiares que brindan cuidados.
Carriella participa actualmente en un programa de transición educativa destinado a jóvenes de entre 18 y 22 años. Gracias a esta iniciativa, trabaja en una librería y comparte actividades con estudiantes de Fairfield University.
Su madre teme que, cuando termine el programa, la joven pierda estas oportunidades y permanezca en casa sin acceso a los apoyos necesarios para continuar desarrollándose.
El costo económico retrasa los cambios
Durante los últimos años, legisladores de Connecticut han intentado modificar los requisitos de elegibilidad. Sin embargo, las propuestas han enfrentado obstáculos debido al costo que representaría ampliar los servicios a más personas.
El representante estatal Jay Case ha cuestionado reiteradamente que el acceso a programas esenciales dependa exclusivamente de una puntuación de inteligencia.
En 2023, la Legislatura ordenó estudiar alternativas para actualizar la definición legal de discapacidad intelectual. Posteriormente, un informe presentado en noviembre de 2024 recomendó eliminar el requisito estricto del IQ o ampliar la definición para incluir otras discapacidades del desarrollo.
Aunque el debate continuó durante 2025 y 2026, los legisladores todavía no han aprobado una reforma definitiva. Este año solicitaron al DDS nuevas recomendaciones para establecer criterios que consideren múltiples evaluaciones y se ajusten a los estándares médicos actuales.
El informe deberá presentarse antes del 1 de enero de 2027.
Por su parte, el DDS reconoció que las decisiones sobre elegibilidad tienen consecuencias importantes para las familias y aseguró que trabaja con diferentes sectores para revisar los criterios existentes. La agencia evitó pronunciarse específicamente sobre la demanda judicial en curso.
Para los demandantes, el problema va mucho más allá de cuatro casos particulares. Consideran que cientos de personas podrían estar quedando excluidas de programas fundamentales para su bienestar y desarrollo.
Edna Borchetta insiste en que el objetivo no es solamente conseguir asistencia para su hija, sino garantizar que otros jóvenes con discapacidades tengan oportunidades reales de estudiar, trabajar y participar plenamente en la sociedad.
El resultado de esta demanda podría tener importantes consecuencias para el sistema de atención a personas con discapacidad intelectual en Connecticut y abrir el camino hacia una evaluación más integral de sus necesidades.
Isabelle Marceles (CT Mirror)
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