Gobierno de Trump exige a los estados compartir datos sobre inmigrantes indocumentados para mantener fondos federales
WASHINGTON.— El Gobierno del presidente Donald Trump intensificó su presión sobre los estados para que colaboren con las autoridades migratorias federales, al establecer que deberán reportar información sobre inmigrantes indocumentados si quieren conservar el acceso futuro a fondos vinculados con importantes programas de asistencia pública.
La medida surge a partir de una nueva opinión legal de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, que redefine el alcance de las obligaciones de los estados que participan en programas como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI).
Según la nueva interpretación, los estados que participan en estos programas están obligados a informar al Departamento de Seguridad Nacional sobre personas que consideren que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.
TANF proporciona asistencia económica y otros apoyos a hogares de bajos ingresos, mientras que SSI entrega pagos mensuales a adultos mayores con bajos recursos y a determinadas personas con discapacidades.
Una interpretación más amplia de la ley
El cambio modifica una interpretación vigente desde 1998, durante la Administración de Bill Clinton. Bajo aquella lectura, la obligación de reportar información se aplicaba específicamente a las agencias estatales encargadas de administrar TANF o SSI.
La nueva opinión del Departamento de Justicia amplía esa responsabilidad y sostiene que puede alcanzar a todas las agencias de un estado, y no únicamente a las que administran directamente esos beneficios.
El subprocurador general T. Elliot Gaiser defendió la medida y sostuvo que el requisito fue establecido de manera clara por el Congreso.
Según el funcionario, cuando un estado decide participar en TANF también acepta determinadas obligaciones de cooperación con el Gobierno federal en materia migratoria.
La opinión legal señala además que algunos programas federales de vivienda podrían quedar sujetos a requisitos similares.
La medida solo afectaría financiamiento futuro
El dictamen establece que la nueva interpretación se aplicará únicamente a fondos futuros, aunque todavía existen interrogantes sobre la manera en que será implementada por las distintas agencias federales y los gobiernos estatales.
La decisión podría abrir un nuevo frente judicial entre la Administración Trump y estados que consideren que el Gobierno federal está utilizando los fondos de asistencia social como mecanismo para acceder a información estatal sobre inmigrantes.
Críticos de la política podrían argumentar que condicionar recursos federales a la entrega de datos migratorios excede las facultades del Ejecutivo o impone requisitos que no fueron establecidos originalmente por el Congreso.
Otros intentos de obtener datos estatales
La disputa se suma a medidas anteriores de la Administración para conseguir información relacionada con inmigrantes indocumentados a través de programas de asistencia pública.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ya había solicitado a los estados información sobre personas inscritas en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP o cupones de alimentos.
Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios federales de SNAP ni para otros programas federales de asistencia similares.
Sin embargo, el Gobierno solicitó registros estatales de beneficiarios y advirtió que podría retener fondos a las jurisdicciones que se negaran a colaborar.
Una coalición de estados gobernados por demócratas presentó posteriormente una demanda y obtuvo una orden judicial preliminar que limitó la aplicación de esas nuevas condiciones.
A comienzos de este año, un juez federal también bloqueó temporalmente al Departamento de Agricultura para impedir que condicionara determinados fondos destinados a programas de nutrición a nuevas exigencias relacionadas con inmigración.
La nueva interpretación del Departamento de Justicia anticipa así otra posible batalla legal entre Washington y los estados sobre hasta dónde puede llegar el Gobierno federal para vincular el financiamiento de programas sociales con la cooperación en la aplicación de las leyes migratorias.
Fuentes varias