Agentes de ICE usan máscaras durante arrestos en Connecticut y desatan debate legal
La presencia de agentes de inmigración con el rostro cubierto durante operativos en Connecticut ha provocado una nueva controversia entre defensores de migrantes, autoridades estatales y el gobierno federal. El debate surge después de varios arrestos realizados en ciudades como Hartford, Bridgeport y New Haven, donde organizaciones comunitarias reportan un aumento de la actividad de ICE durante las últimas semanas.
Uno de los incidentes ocurrió el lunes 18 de mayo en Lafayette Street, en Hartford, cerca del edificio del Tribunal Superior y de las oficinas de Community Partners in Action. Según videos compartidos por defensores presentes en el lugar, varios vehículos llegaron a la zona y al menos cinco agentes, aparentemente federales, descendieron para detener a un hombre y trasladarlo en una camioneta blanca Dodge Durango.
Los agentes vestían chalecos tácticos con la palabra “Police” al frente, pero algunos de ellos llevaban máscaras y no mostraban una identificación clara, de acuerdo con testigos. Durante el arresto, uno de los agentes respondió a personas que grababan el operativo y afirmó que el detenido estaba relacionado con una acusación de agresión sexual. Cuando una persona le señaló que la ley de Connecticut no permite que agentes del orden usen máscaras sin identificación visible, el agente contestó de manera desafiante.
El hecho ocurrió apenas dos semanas después de que el gobernador Ned Lamont firmara una nueva ley estatal que prohíbe a oficiales de ICE operar con máscaras y exige que estén claramente identificados mediante una placa o etiqueta con nombre. La violación de esa norma es considerada un delito menor de clase D en Connecticut.
Sin embargo, el gobierno federal presentó una demanda contra el estado, calificando la ley como “claramente inconstitucional”. Washington sostiene que Connecticut no tiene autoridad para imponer reglas sobre cómo deben actuar los agentes federales y argumenta que obligarlos a mostrar sus rostros o identificaciones podría poner en riesgo su seguridad y la de sus familias.
ICE defendió el uso de coberturas faciales y afirmó que sus agentes las utilizan para protegerse de amenazas reales, incluyendo exposición de identidades en internet, agresiones, ataques con vehículos y amenazas de muerte. La agencia también aseguró que no acatará la prohibición estatal, al considerar que vulnera la autoridad federal.
Desde la oficina del gobernador Lamont, la portavoz Cathryn Vaulman sostuvo que la nueva ley refleja un principio central de Connecticut: proteger la seguridad y dignidad de todos los residentes, sin importar su estatus migratorio, y garantizar que las fuerzas del orden actúen con transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos constitucionales.
Hasta el momento, la División de Justicia Criminal del estado informó que no ha recibido reportes de la Policía local o estatal sobre agentes de ICE operando enmascarados. La Policía Estatal también indicó que no investiga a agencias federales.
ICE identificó al hombre arrestado el lunes como Alejandro Josue Cervantes-Mencia, originario de Honduras. Según la agencia, ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2016 y tenía una orden final de deportación emitida en abril de 2022. Registros judiciales señalan que había sido arrestado en marzo por cargos relacionados con posesión de sustancias controladas e intención de venta.
En otro arresto ocurrido el miércoles, ICE identificó al detenido como Juan Pablo Vasquez-Miranda, de Perú. Según la agencia, había ingresado a Estados Unidos en noviembre de 2022 bajo permiso humanitario, pero dicho permiso fue cancelado. Registros judiciales indican que enfrentaba cargos pendientes por conducta desordenada, interferir con una llamada de emergencia y estrangulación o sofocación, este último considerado delito grave de clase D.
Organizaciones defensoras de inmigrantes también reportan más arrestos en otras ciudades. Make the Road CT señaló un aumento de operativos en Bridgeport, incluyendo detenciones cerca de tribunales y paradas de autobús. En New Haven, Unidad Latina en Acción afirmó conocer alrededor de diez arrestos recientes de ICE, aunque en esos casos los agentes no habrían usado máscaras.
Coaliciones locales también denunciaron intentos de detención cerca de una guardería y una redada en North Haven, donde, según sus reportes, cinco trabajadores de la construcción fueron detenidos cuando se dirigían a sus empleos. Aunque los agentes en esos casos no habrían estado enmascarados, defensores indicaron que la identificación visible era limitada.
El debate ocurre en un contexto de mayor actividad migratoria. Datos citados por el Deportation Data Project indican que los arrestos de ICE en la vía pública aumentaron significativamente en 2025 en comparación con los últimos meses de la administración anterior. En Connecticut, el porcentaje de arrestos de personas con cargos pendientes también habría subido de manera notable durante el mismo periodo.
La disputa entre Connecticut y el gobierno federal podría convertirse en un caso clave sobre los límites entre la autoridad estatal, la seguridad de los agentes federales y el derecho de la ciudadanía a saber quién ejecuta arrestos en espacios públicos.
Emilia Otte (CT Mirror)
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