Connecticut

Niños inmigrantes enfrentan mayores obstáculos para obtener estatus legal en Connecticut

Miles de niños y jóvenes inmigrantes en Connecticut enfrentan crecientes dificultades para obtener autorización legal para permanecer en Estados Unidos, debido a los obstáculos judiciales, los elevados costos de los trámites y el temor a la deportación. Abogados especializados advierten que las políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump han complicado aún más la situación de menores que llegaron al país después de sufrir abuso, abandono o negligencia familiar.

Una de las principales alternativas para estos jóvenes es el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS, por sus siglas en inglés), un mecanismo federal destinado a proteger a menores de 21 años que han sido víctimas de situaciones familiares graves y que cumplen determinados requisitos legales.

Durante la presidencia de Joe Biden, aumentó el número de solicitantes de este beneficio. Sin embargo, abogados que representan a los menores aseguran que actualmente el procedimiento se ha vuelto más difícil, costoso y emocionalmente agotador, especialmente para quienes deben relatar experiencias traumáticas ante las autoridades.

En Connecticut, el proceso comienza en los tribunales testamentarios estatales, donde los jueces deben evaluar las circunstancias familiares de los solicitantes antes de que sus casos sean presentados ante las autoridades federales de inmigración.

Según representantes legales, algunos tribunales de Bridgeport y Naugatuck han sometido a los menores a interrogatorios que aparentemente exceden los requisitos relacionados con sus solicitudes. Entre las preguntas señaladas figuran consultas sobre su dominio del inglés y sus calificaciones escolares, aspectos que los abogados consideran ajenos a los criterios fundamentales del beneficio migratorio.

La preocupación también se ha extendido a los procedimientos federales. Durante este año, el número de solicitudes de SIJS ha disminuido considerablemente, en parte por el temor de los jóvenes a exponerse a una posible deportación.

Addie Dickens, abogada de Connecticut Legal Services, aseguró que algunos menores que cuentan con este estatus han recibido órdenes de expulsión del país. También señaló que otros han decidido regresar voluntariamente a sus países de origen por miedo a enfrentar procedimientos migratorios, incluso cuando eso significa volver a situaciones de inseguridad.

“He tenido un cliente con este estatus al que se le ordenó la expulsión de Estados Unidos”, declaró Dickens, quien advirtió que el ambiente actual en los tribunales de inmigración está llevando a algunos jóvenes a optar por la autodeportación.

Por su parte, Meghann LaFountain, abogada de inmigración y directora de servicios legales de la organización sin fines de lucro Building One Community, explicó que muchos de estos casos involucran experiencias extremadamente traumáticas, como agresiones sexuales, violencia y abuso familiar.

LaFountain cuestionó que los menores deban revivir estas experiencias durante el proceso judicial para posteriormente enfrentar la posibilidad de que las autoridades rechacen su permanencia en Estados Unidos.

Los especialistas advierten que esta situación coloca a numerosos niños y adolescentes ante una decisión especialmente difícil: continuar con un proceso legal que podría exponerlos a la deportación o regresar a entornos familiares y sociales de los que originalmente buscaron protección.

Organizaciones de asistencia legal consideran que las dificultades actuales podrían dejar a más menores inmigrantes sin protección y aumentar su vulnerabilidad, por lo que insisten en la necesidad de garantizar procedimientos judiciales adecuados que tengan en cuenta su seguridad y bienestar.

Sasha Allen (CT Mirror)

En la foto: la fiscal Addie Dickens, especialista en defensa contra la deportación

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