Corte Suprema permite reanudar deportaciones rápidas a terceros países mientras analiza política de Trump
WASHINGTON.— La Corte Suprema de Estados Unidos permitió que la administración del presidente Donald Trump continúe, por el momento, con las deportaciones de migrantes hacia terceros países, mientras los magistrados analizan la legalidad de una política que ha generado una intensa disputa judicial.
La decisión, emitida este martes, suspende temporalmente los efectos de una resolución de un tribunal inferior y permite al Gobierno seguir trasladando a personas con órdenes de deportación a países distintos de sus lugares de origen. La Corte aceptó además revisar formalmente el caso y tiene previsto escuchar los argumentos durante su sesión de diciembre de 2026.
Uno de los principales asuntos que deberá examinar el máximo tribunal es el procedimiento que debe seguir el Gobierno antes de enviar a una persona a un tercer país, incluyendo las protecciones legales disponibles cuando el migrante afirma que podría enfrentar persecución o tortura en el destino.
La controversia adquirió mayor relevancia después de que una decisión judicial afectara un vuelo que, según abogados del Gobierno, tenía previsto transportar a unas 70 personas hacia Burundi, Rwanda y República Centroafricana.
La política de deportaciones a terceros países forma parte de la estrategia migratoria de la administración Trump. Bajo diferentes acuerdos internacionales, unas 25.000 personas habrían sido enviadas a más de dos docenas de países durante 2025 y 2026, de acuerdo con documentos presentados en el litigio. México ha recibido una parte considerable de estas personas.
El Gobierno sostiene que estos procedimientos son utilizados principalmente cuando los países de origen no aceptan a sus ciudadanos o cuando existen dificultades para efectuar directamente la repatriación. Las autoridades también argumentan que reciben garantías de los gobiernos receptores de que los deportados no serán perseguidos ni sometidos a torturas.
Los abogados de los migrantes cuestionan esas garantías y sostienen que algunas personas han terminado detenidas en naciones con las que no tenían vínculos previos. También argumentan que determinados deportados podrían enfrentar riesgos de persecución, tortura, encarcelamiento u otras situaciones de inseguridad.
El caso coloca nuevamente la política migratoria de Trump ante la Corte Suprema, en momentos en que su administración impulsa una estrategia de deportaciones a gran escala y enfrenta múltiples litigios sobre los procedimientos y protecciones que deben recibir los inmigrantes.
La decisión adoptada esta semana no representa una resolución definitiva sobre la legalidad de las deportaciones a terceros países. El futuro de la política dependerá ahora del análisis de fondo que realicen los magistrados después de escuchar los argumentos de las partes.
Fuentes varias