¿Puede ICE obtener tu domicilio a través de bancos o cámaras que registran placas?
La creciente utilización de tecnología y bases de datos privadas por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos ha generado nuevas dudas sobre el alcance de las herramientas que utiliza el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para localizar a personas durante sus investigaciones y operativos.
Una de las principales preocupaciones es si la agencia puede obtener información tan sensible como el domicilio de una persona a través de registros bancarios, solicitudes de tarjetas de crédito o sistemas tecnológicos que capturan y almacenan imágenes de matrículas de vehículos.
Una investigación de 404 Media, basada en registros de adquisiciones del gobierno federal y documentos internos de compañías proveedoras de información, reveló la existencia de contratos mediante los cuales ICE podría acceder a datos administrados por empresas privadas.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), consultado sobre estas prácticas, reconoció que ICE mantiene contratos para distintos servicios y utiliza diferentes tecnologías para apoyar sus investigaciones y labores de aplicación de la ley.
Según el DHS, el intercambio de información es una herramienta utilizada para identificar a personas y evaluar posibles amenazas relacionadas con la seguridad pública. Sin embargo, la agencia no detalló específicamente si entre los datos obtenidos mediante esos contratos se encuentran domicilios procedentes directamente de instituciones bancarias.
ICE puede solicitar información mediante requerimientos legales
El abogado de inmigración Héctor Quiroga explicó que ICE no cuenta con autoridad ilimitada para exigir cualquier información personal simplemente invocando razones de seguridad nacional.
Una de las herramientas disponibles para las autoridades migratorias es el llamado subpoena, un requerimiento legal mediante el cual una agencia puede solicitar a una persona o compañía documentos, registros o información considerada relevante para una investigación.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad permite que funcionarios migratorios utilicen este mecanismo cuando consideran que determinados registros son materiales para hacer cumplir las leyes de inmigración.
Esto significa que ICE puede solicitar información que una empresa tenga sobre una persona investigada. Si la compañía se niega a entregar los registros, la agencia puede recurrir a un tribunal federal para intentar obtener una orden que obligue a proporcionar esos datos.
No obstante, un subpoena administrativo no equivale a una orden de registro emitida por un juez. Las compañías pueden cuestionar solicitudes que consideren demasiado amplias, irrelevantes o contrarias a la legislación vigente.
Quiroga advirtió que, en la práctica, información entregada inicialmente a una empresa privada con fines comerciales podría terminar formando parte de una investigación migratoria si el gobierno obtiene acceso legal a esos registros.
Preocupación por los datos entregados a bancos
El posible acceso a información financiera también provocó reacciones políticas.
El senador Ron Wyden cuestionó que datos proporcionados por consumidores al solicitar productos financieros puedan terminar en manos de intermediarios de información y eventualmente ser utilizados por las autoridades migratorias.
La preocupación se centra especialmente en la cantidad de información personal que una persona entrega al abrir una cuenta bancaria, solicitar una tarjeta de crédito o contratar determinados servicios financieros, incluidos nombre completo, teléfono, correo electrónico y domicilio.
Aunque esto no significa que ICE tenga acceso automático a las bases de datos bancarias, determinados mecanismos legales podrían permitirle solicitar información específica en el marco de una investigación.
¿Qué ocurre con las cámaras que registran matrículas?
Otro punto de controversia son los sistemas automáticos de lectura de placas utilizados por gobiernos locales, departamentos de policía, comunidades y organizaciones privadas.
Entre las compañías que comercializan esta tecnología se encuentra Flock Safety, cuyos sistemas emplean cámaras para capturar información de vehículos y matrículas.
La empresa ha sostenido que los datos recopilados por sus cámaras no son compartidos automáticamente con agencias federales y que las organizaciones que utilizan el sistema pueden establecer sus propias políticas sobre acceso y utilización de la información.
Ante preguntas sobre una posible relación directa con esa compañía, el DHS afirmó que no mantiene un contrato con Flock Safety, aunque reconoció que trabaja con numerosos contratistas privados para cumplir sus funciones.
Sin embargo, el debate va más allá de la existencia de un contrato directo. Organizaciones defensoras de la privacidad han planteado interrogantes sobre la posibilidad de que información recopilada inicialmente por autoridades locales o compañías privadas termine siendo accesible para otras agencias mediante acuerdos, solicitudes legales o sistemas compartidos.
La tecnología amplía el debate sobre privacidad
Según expertos, la capacidad de ICE para solicitar registros puede ser amplia, pero eso no significa que la agencia pueda apropiarse libremente de cualquier base de datos de reconocimiento facial, matrículas o información privada.
Cada caso puede depender de quién controla los datos, qué legislación los protege, cómo fueron recopilados, bajo qué procedimiento son solicitados y cuáles son las garantías de privacidad aplicables.
El desarrollo tecnológico ha transformado así el debate migratorio. Ya no se trata únicamente de documentos presentados ante las autoridades de inmigración, sino también de la enorme cantidad de información que las personas generan diariamente al utilizar bancos, conducir vehículos, realizar compras o contratar servicios privados.
En términos generales, no existe una prohibición absoluta que impida a ICE utilizar información personal obtenida legalmente para hacer cumplir las leyes migratorias. Existen normas que protegen determinadas categorías de información, pero esas protecciones también tienen límites y excepciones.
Por ello, especialistas recomiendan entender que los datos entregados a compañías privadas pueden, bajo determinadas circunstancias legales, llegar a ser solicitados por autoridades gubernamentales.
Fuentes varias