ICE propone seguro para proteger a policías locales que participan en arrestos migratorios
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) evalúa implementar un programa de seguro de responsabilidad jurídica destinado a proteger a policías estatales y locales que colaboran con las autoridades federales en operativos migratorios y que podrían enfrentar demandas por presuntas irregularidades durante el cumplimiento de sus funciones.
La propuesta contempla subsidiar pólizas de responsabilidad profesional para agentes que hayan recibido capacitación y autorización para aplicar determinadas disposiciones de la legislación federal de inmigración. El plan aparece detallado en un documento de planificación gubernamental y busca reducir uno de los principales obstáculos que han expresado algunos departamentos policiales antes de incorporarse a los programas de cooperación con ICE.
De acuerdo con la propuesta, las pólizas ofrecerían hasta US$ 500.000 de cobertura por responsabilidad personal, que podría utilizarse para gastos de defensa legal, acuerdos judiciales y sentencias. Los agentes participantes recibirían un reembolso de hasta US$ 250 anuales para cubrir el costo estimado de la póliza.
La medida se produce en momentos en que la cooperación entre ICE y las fuerzas policiales locales se ha expandido considerablemente durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.
Uno de los principales instrumentos de esa cooperación son los acuerdos conocidos como 287(g), denominados así por una sección de la legislación migratoria aprobada en 1996. Estos convenios permiten que agentes estatales y locales, después de recibir capacitación federal, puedan desempeñar determinadas funciones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias.
Según datos de ICE citados en la información disponible, cerca de 1.600 agencias de 32 estados mantienen actualmente acuerdos bajo el modelo de grupos de trabajo, mediante los cuales agentes locales pueden interrogar, arrestar y presentar cargos migratorios contra personas sospechosas de permanecer ilegalmente en Estados Unidos.
Aumentan los arrestos realizados por policías locales
El crecimiento de estos programas también se ha reflejado en el número de detenciones.
Los arrestos realizados mediante las alianzas locales con ICE alcanzaron un promedio aproximado de 3.000 mensuales durante los primeros dos meses de 2026, de acuerdo con datos proporcionados por la agencia al Proyecto de Datos sobre Deportaciones de la Universidad de California en Berkeley.
La cifra representa un incremento sustancial frente al promedio mensual de alrededor de 250 arrestos registrado durante 2024.
Estados como Florida, Texas, Oklahoma y Georgia figuran entre los territorios donde las autoridades locales han tenido una participación especialmente activa en este tipo de cooperación migratoria.
El Gobierno federal también ha ofrecido incentivos económicos a las agencias participantes para cubrir gastos relacionados con salarios, equipos y vehículos empleados en las operaciones.
El riesgo de enfrentar demandas
Uno de los problemas que acompaña esta expansión es la incertidumbre sobre quién debe asumir los costos cuando un agente local enfrenta una demanda relacionada con actividades migratorias.
Las denuncias podrían incluir acusaciones de uso excesivo de la fuerza, detenciones injustificadas, registros ilegales u otras posibles violaciones de derechos civiles.
El inconveniente es que algunas pólizas tradicionales contratadas por gobiernos locales no necesariamente cubren actividades realizadas bajo autoridad migratoria federal.
En Pensilvania, por ejemplo, un fondo común de riesgos determinó recientemente excluir de sus coberturas determinadas actividades proactivas de control migratorio, situación que llevó a varios condados a buscar seguros adicionales.
El sheriff del condado de Butler, Michael Slupe, señaló que tuvo que conseguir una póliza específica para los 13 agentes de su departamento que participan en el programa, con un costo anual de aproximadamente US$ 20.000.
El objetivo del nuevo plan de ICE sería disminuir precisamente este tipo de incertidumbre financiera.
Críticas por una posible reducción de responsabilidades
La propuesta, sin embargo, también ha generado cuestionamientos.
David Bier, director de estudios migratorios del Instituto Cato y crítico de algunas políticas de control migratorio, considera que el programa podría dificultar que los agentes enfrenten consecuencias personales cuando se produzcan violaciones de derechos.
Para sus críticos, ampliar las protecciones financieras y jurídicas podría reducir los incentivos para exigir responsabilidades individuales por actuaciones indebidas.
Quienes respaldan el proyecto sostienen una posición distinta: argumentan que los policías locales necesitan protección económica cuando realizan funciones federales, especialmente debido al elevado costo que puede significar defenderse de una demanda, incluso cuando finalmente un tribunal determine que actuaron correctamente.
Sheriffs ven favorablemente la iniciativa
Justin Smith, exsheriff de Colorado y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Sheriffs, calificó la propuesta como prometedora.
Según Smith, algunos departamentos han evitado incorporarse a los acuerdos con ICE precisamente por el riesgo de enfrentar demandas derivadas de operaciones migratorias.
El exsheriff destacó que la aplicación de las leyes de inmigración se desarrolla actualmente bajo un alto nivel de escrutinio público, protestas y atención mediática, circunstancias que incrementan las posibilidades de conflictos legales.
Los actuales acuerdos de cooperación señalan que los departamentos locales pueden ser responsables de determinados costos derivados de incidentes que generen responsabilidad jurídica. Sin embargo, ICE sostiene que los agentes que desempeñan funciones autorizadas por la agencia actúan bajo autoridad federal.
Los policías locales demandados también pueden solicitar representación legal del Departamento de Justicia. ICE suele respaldar esas solicitudes, aunque la decisión final corresponde a esa dependencia federal.
Un programa todavía en fase de planificación
La iniciativa todavía no tiene una fecha definida para entrar en vigor ni se conoce cuánto dinero podría destinar el Gobierno federal a financiarla.
ICE solicitó comentarios del sector privado como parte del proceso de planificación, que incluye la eventual contratación de una empresa encargada de tareas de divulgación, capacitación, comunicaciones y administración de los reembolsos relacionados con las pólizas.
De concretarse, el programa podría facilitar una mayor incorporación de agencias estatales y locales a las operaciones migratorias federales, al mismo tiempo que abriría un nuevo debate sobre el equilibrio entre la protección jurídica de los agentes y la responsabilidad por posibles abusos durante los arrestos.
Fuentes varias