Connecticut

New Britain revoca pensiones y exige más de 241 mil dólares a su exalcaldesa Erin Stewart

La ciudad de New Britain inició acciones formales para recuperar fondos públicos vinculados a la administración de la exalcaldesa Erin Stewart, a quien ahora exige el pago de 241.560 dólares por reembolsos de matrícula, indemnizaciones por despido y costos legales relacionados con una investigación interna sobre presuntos aumentos indebidos de ingresos durante sus 12 años al frente del ayuntamiento.

La reclamación fue presentada en una carta fechada el 4 de junio, firmada por William C. Rivera, asesor jurídico de la ciudad. El documento representa el primer paso del gobierno municipal para cobrar una restitución a Stewart, quien dejó el cargo tras la llegada del alcalde Bobby Sanchez en noviembre.

Además de esta exigencia inicial, Stewart podría enfrentar otro reclamo por una parte significativa de los 207.076 dólares en compras realizadas con una tarjeta de crédito municipal durante su última década como alcaldesa. La ciudad sostiene que esos gastos también forman parte de las revisiones pendientes sobre el manejo de recursos públicos durante su administración.

En comunicaciones separadas, Rivera notificó tanto a Stewart como a la exrecaudadora de impuestos de la ciudad, Cheryl Blogoslawski, que las pensiones calculadas para ambas no serán reconocidas, al considerar que fueron determinadas en violación de los estatutos municipales.

El caso marca un nuevo capítulo en la disputa política y legal dentro de New Britain, donde las autoridades actuales buscan revisar decisiones financieras tomadas durante la gestión anterior. La investigación apunta a determinar si hubo beneficios económicos otorgados de manera irregular y si corresponde recuperar dinero que, según la ciudad, habría sido pagado indebidamente.

Aunque la exigencia municipal ya fue formalizada, el proceso podría avanzar hacia nuevas reclamaciones, negociaciones o acciones legales si Stewart no acepta devolver los montos reclamados. Por ahora, la administración de Sanchez sostiene que su objetivo es proteger los fondos públicos y corregir pagos que considera contrarios a las normas locales.

Mark Pazniokas (CT Mirror)

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