Lamont firma ley en Connecticut para limitar operativos de ICE en lugares sensibles
El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, firmó una nueva ley destinada a establecer límites a ciertas acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, en medio de un creciente debate político nacional sobre las políticas migratorias de la administración Trump.
La ceremonia de firma se realizó el lunes en las escaleras del Tribunal Supremo de Connecticut, un escenario que reflejó el peso político de la medida y anticipó que el tema migratorio será uno de los ejes de discusión rumbo a las elecciones de mitad de mandato de 2026.
La legislación, identificada como SB 397, fue impulsada por demócratas y aprobada pese a la oposición unánime de los republicanos en la Asamblea General. La nueva norma busca restringir redadas migratorias en escuelas, iglesias y otros lugares considerados sensibles, además de exigir que los agentes federales sean identificables mediante una placa con su nombre o número de identificación.
Otro de los puntos centrales de la ley establece que la Oficina del Inspector General del estado podrá revisar casos relacionados con el uso de fuerza letal por parte de agentes de ICE, de manera similar a como lo hace con policías locales. La medida también contempla nuevas vías para reclamar por presuntas violaciones de derechos constitucionales cometidas por agentes federales.
Lamont defendió la firma de la ley y aseguró que Connecticut debe actuar dentro del marco legal para proteger a sus residentes. El gobernador sostuvo que, tras un año de políticas migratorias agresivas desde Washington, el estado tiene la responsabilidad de responder con medidas que resguarden a las comunidades inmigrantes.
Para los demócratas, la ley representa una defensa de los derechos civiles y una respuesta directa a las acciones federales de inmigración. Para los republicanos, en cambio, la legislación genera dudas constitucionales y podría interferir con el trabajo de las agencias federales encargadas de hacer cumplir las leyes migratorias.
La firma de SB 397 coloca nuevamente a Connecticut en el centro del debate nacional sobre inmigración, derechos estatales y límites al poder federal. También marca una clara postura política de Lamont y de los demócratas estatales frente a una administración federal que ha endurecido su estrategia de detenciones y deportaciones.
Con esta nueva ley, Connecticut busca enviar un mensaje de protección a sus comunidades inmigrantes y, al mismo tiempo, abrir una nueva batalla política y legal sobre hasta dónde pueden llegar los estados para supervisar o limitar las acciones de agentes federales dentro de su territorio.
Mark Pazniokas (CT Mirror)
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