Incertidumbre migratoria: El Gobierno solicita a la Corte Suprema el fin del TPS para venezolanos
WASHINGTON D.C. – El Departamento de Justicia presentó hoy una moción formal ante la Corte Suprema de los Estados Unidos para disolver las protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) que amparan a aproximadamente 350,000 ciudadanos venezolanos. La administración argumenta que las condiciones extraordinarias y temporales que justificaron la designación original han cesado, citando los recientes acuerdos de estabilización energética y diplomática entre Washington y Caracas.
El argumento de la “normalización”
Según el documento presentado ante el máximo tribunal, el Ejecutivo sostiene que Venezuela ha mostrado “mejoras significativas en su estabilidad interna” que permiten el retorno seguro de sus nacionales. El informe menciona específicamente el aumento en la producción de crudo y el levantamiento parcial de sanciones como pruebas de que el país ya no cumple con los criterios de “conflicto armado” o “desastre ambiental” que exige la ley para mantener el TPS.
Reacción de las organizaciones civiles
La respuesta de los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes fue inmediata. Organizaciones como Venezuela Awareness y la ACLU han calificado la medida de “prematura y cruel”. Argumentan que, si bien hay una élite económica que se beneficia de la apertura petrolera, la crisis de servicios públicos y la persecución política siguen siendo la norma para la mayoría de la población.
“El TPS fue diseñado para proteger la vida, no para ser una moneda de cambio en negociaciones petroleras. Devolver a 350,000 personas a un país con un sistema de salud colapsado es una sentencia de desesperación”, declaró Helena Villalonga, portavoz de una coalición de familias venezolanas frente al Capitolio.
El calendario legal
Se espera que la Corte Suprema decida si acepta el caso antes del receso de verano. Si el tribunal falla a favor del Gobierno, los beneficiarios del TPS podrían recibir una notificación de terminación con un periodo de gracia de 6 a 12 meses para regularizar su situación por otras vías o abandonar el país voluntariamente. Expertos legales advierten que esto podría desencadenar una oleada de solicitudes de asilo político que saturaría aún más las cortes migratorias.
Fuentes varias