Estados Unidos intensifica procesos para revocar la ciudadanía a naturalizados con antecedentes penales
El Departamento de Justicia prioriza la desnaturalización civil de inmigrantes por delitos cometidos incluso antes de obtener la ciudadanía. Crecen las críticas por falta de límites y riesgo de apatridia.
El gobierno de Estados Unidos ha decidido priorizar los procesos de desnaturalización de ciudadanos naturalizados que hayan cometido ciertos delitos graves, incluso si estos ocurrieron antes de obtener su estatus legal. La decisión, contenida en un memorando fechado el 11 de junio, fue firmada por el fiscal adjunto Brett A. Shumate y convierte estos casos en una de las cinco prioridades del Departamento de Justicia (DOJ).
La medida ha generado alarma entre defensores de derechos civiles, académicos y expertos en inmigración, quienes advierten sobre su impacto legal y humanitario. A diferencia de un proceso penal, los procedimientos civiles de desnaturalización no garantizan el derecho a un abogado público y tienen un umbral probatorio menor, lo que deja en vulnerabilidad a miles de personas.
Delitos bajo la lupa
Los casos que el DOJ priorizará incluyen:
- Abuso sexual infantil y trata de personas
- Terrorismo, espionaje y otras amenazas a la seguridad nacional
- Fraudes financieros, como los cometidos con fondos del programa de ayuda por la pandemia
- Crímenes violentos no revelados durante la naturalización
- Participación en bandas criminales o grupos armados ilegales
Además, los fiscales podrán remitir otros casos considerados “suficientemente importantes”, ampliando los márgenes de discrecionalidad.
Un ejemplo con nombre y rostro
Uno de los primeros casos públicos bajo esta nueva política es el de Elliott Duke, una persona no binaria originaria del Reino Unido, cuya ciudadanía fue revocada el 13 de junio tras ser condenada por distribución de material de abuso infantil, delito que cometió antes de naturalizarse en 2013. Duke no contó con representación legal ni pudo asistir a la audiencia, quedando ahora en situación de apatridia, tras haber renunciado a su nacionalidad británica.
“Mi mundo se derrumbó cuando leí la orden. Me sentí completamente desprotegide”, declaró Duke a NPR.
Críticas constitucionales y precedentes históricos
Expertos como Cassandra Robertson, profesora de derecho constitucional, aseguran que esta política podría violar el debido proceso y la Enmienda 14 de la Constitución, creando una “ciudadanía de segunda clase”. Otros, como el profesor Steve Lubet, advierten del efecto en cadena sobre familiares y menores que obtuvieron la ciudadanía a través de sus padres.
Aunque la desnaturalización tiene precedentes —se utilizó durante la era McCarthy para perseguir presuntos comunistas o nazis— había caído en desuso hasta ser reactivada bajo el gobierno de Barack Obama y ampliada durante la administración de Donald Trump, en particular con la llamada “Operación Janus”.
Hoy, con Trump de nuevo en la contienda política, esta herramienta cobra nueva vida en el contexto de un plan migratorio más restrictivo, que también busca eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento y endurecer el acceso al asilo.
Debate político y falta de claridad
Mientras organizaciones de derechos civiles alertan sobre el uso arbitrario del nuevo enfoque, sectores conservadores como Hans von Spakovsky, de la Fundación Heritage, lo respaldan: “Quien abuse del privilegio de convertirse en ciudadano estadounidense debe perder ese derecho”, afirmó.
No obstante, aún no está claro cuántos casos podrían avanzar. La preocupación principal es que personas sin delitos graves, pero con errores administrativos o mentiras menores, terminen siendo blanco de esta política.
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