Miami aprueba polémico acuerdo que permite a su policía colaborar con ICE en operativos migratorios
En una sesión marcada por el desacuerdo y la protesta ciudadana, la Comisión de la Ciudad de Miami aprobó este martes un controvertido acuerdo que permite a la policía local colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en funciones migratorias limitadas. La votación terminó 3 a 2 a favor del convenio, conocido como acuerdo 287(g), que otorga a algunos agentes de policía la facultad de interrogar, arrestar y detener a personas sospechosas de estar en situación migratoria irregular, bajo la supervisión directa de ICE.
La decisión generó una ola de rechazo entre residentes y organizaciones comunitarias. Durante más de cinco horas de audiencia pública, ningún ciudadano expresó apoyo a la medida. Vecinos, docentes y activistas alertaron sobre los efectos negativos que podría tener en la confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas de seguridad locales.
A pesar de las advertencias, los comisionados Joe Carollo, Miguel Gabela y Ralph Rosado votaron a favor del acuerdo, mientras que Christine King y Damian Pardo lo hicieron en contra. Rosado argumentó que confiaba en que el Departamento de Policía aplicaría la medida con responsabilidad. Por el contrario, Pardo y King expresaron preocupación por el impacto social y legal de involucrar a policías municipales en tareas federales migratorias.
El jefe de la Policía de Miami, Manuel Morales, aseguró que solo tres oficiales serán designados inicialmente y que actuarán en coordinación directa con ICE. También advirtió que no firmar el acuerdo podría afectar la recepción de fondos federales, aunque no hay una obligación legal expresa que imponga dicha colaboración.
Según expertos legales, como el alcalde de South Miami, Javier Fernández, la legislación de Florida solo obliga a sheriffs de condados con centros de detención a firmar acuerdos con ICE, no a departamentos municipales como el de Miami. Fernández ha demandado al gobernador Ron DeSantis para obtener una sentencia que clarifique si existe tal obligación, y alertó sobre los riesgos legales de posibles detenciones indebidas.
Organizaciones de derechos civiles y docentes, como la maestra Madison Rodríguez, denunciaron que la aprobación del acuerdo genera miedo e inseguridad entre los estudiantes y sus familias. Otros residentes alertaron que la medida puede acarrear altos costos legales para la ciudad en caso de abusos o errores.
Miami se suma así a la lista de más de 700 jurisdicciones en al menos 40 estados que han firmado convenios similares con ICE. Florida es el estado con mayor número de acuerdos activos, incluyendo ciudades como Doral, Hialeah y Homestead. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el programa 287(g) permite extender la capacidad operativa de ICE sin necesidad de incrementar su personal federal.
Fuentes varias