EE.UU. designa como organizaciones terroristas a cárteles mexicanos y pandillas transnacionales
El gobierno de Estados Unidos ha anunciado la designación oficial de varias organizaciones criminales, incluidos cárteles mexicanos y pandillas transnacionales con base en Venezuela y El Salvador, como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). La medida, firmada por el secretario de Estado Marco Rubio el pasado 6 de febrero de 2025, entrará en vigor el 20 de febrero tras su publicación en el Registro Federal.
Organizaciones incluidas en la designación
Las agrupaciones que recibirán la clasificación de organizaciones terroristas son:
- Tren de Aragua (tambén conocido como Aragua Train)
- Mara Salvatrucha (MS-13)
- Cártel de Sinaloa (tambén identificado como Mexican Federation o Guadalajara Cartel)
- Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)
- Cárteles Unidos (United Cartels, Cártel de Tepalcatepec, Cártel del Abuelo y Cártel de Los Reyes)
- Cártel del Noreste (CDN) (vinculado a Los Zetas)
- Cártel del Golfo (CDG)
- La Nueva Familia Michoacana (LNFM)
Esta designación implica sanciones más severas contra estas organizaciones y sus integrantes, incluyendo la prohibición de cualquier tipo de apoyo material, financiero o logístico. Además, permite a las agencias estadounidenses reforzar la cooperación internacional para perseguir a sus miembros y colaboradores.
Un nuevo enfoque en la política de seguridad de EE.UU.
La decisión marca un cambio significativo en la política de seguridad de Estados Unidos, ya que históricamente estas designaciones estaban dirigidas a grupos extremistas con motivaciones ideológicas o políticas. La medida podría generar tensiones diplomáticas con México, dado que varias de estas organizaciones operan dentro de su territorio.
La publicación oficial de la designación estará disponible en los sitios web federalregister.gov y govinfo.gov.
Implicaciones políticas y migratorias
Tras asumir el cargo en enero de 2025, el presidente Donald Trump ordenó a altos funcionarios preparar medidas para invocar una ley de 1798 que podría permitir la deportación de presuntos miembros de pandillas sin audiencias judiciales. Esta iniciativa podría reforzar la lucha contra estas organizaciones, pero también generar controversia en el ámbito de los derechos humanos y las relaciones internacionales.
Fuentes varias