La Casa Blanca Ofrecerá Indemnizaciones a Empleados Federales que Renuncien Antes del 6 de Febrero
La Oficina de Administración de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) anunció este martes un programa de compensaciones económicas dirigido a empleados federales que opten por renunciar antes del 6 de febrero, en respuesta a la eliminación de las políticas de teletrabajo implementadas durante la pandemia.
En un correo electrónico enviado a los empleados, la OPM informó que aquellos que decidan dimitir recibirán su salario hasta el 30 de septiembre, en el marco de una estrategia del gobierno para contar con una “fuerza laboral más ágil y flexible”. Sin embargo, también se señaló que no se puede garantizar la estabilidad laboral en ciertos puestos, pues se prevé una reestructuración administrativa.
El anuncio generó incertidumbre entre los empleados federales, particularmente después de que la OPM realizara pruebas de comunicación mediante un sistema de “nuevo sistema de distribución” con remitentes genéricos de recursos humanos, lo que despertó preocupaciones sobre posibles despidos masivos.
De acuerdo con la directriz, los trabajadores que renuncien serán reasignados o desvinculados rápidamente de sus funciones y colocados en licencia administrativa paga hasta finales de septiembre. No obstante, los directores de cada agencia podrán solicitar que algunos empleados continúen laborando por un tiempo antes de su salida definitiva.
Un portavoz del gobierno citado por Bloomberg indicó que, si bien algunas agencias podrían aumentar su personal, la mayoría experimentará reducciones mediante reestructuraciones y despidos. La medida también incluye el retorno obligatorio a la oficina al menos cuatro días a la semana, salvo en casos de justificaciones aprobadas por discapacidad, condiciones médicas o circunstancias documentadas.
El presidente Trump revocó las disposiciones de trabajo remoto instauradas por la administración de Joe Biden, firmando también decretos para congelar la contratación de nuevos empleados federales y eliminar iniciativas de diversidad, equidad e inclusión en el gobierno.
Según estimaciones oficiales, se espera que entre el 5 % y el 10 % de los empleados federales renuncien, lo que podría traducirse en un ahorro de aproximadamente 100.000 millones de dólares. Los trabajadores que acepten la oferta recibirán un paquete de indemnización equivalente a ocho meses de salario y beneficios, aplicando a todos los empleados federales de tiempo completo, excepto el personal militar, los empleados del Servicio Postal y los trabajadores de inmigración y seguridad nacional.
La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE), el mayor sindicato de trabajadores federales, manifestó su preocupación por el impacto que tendrá esta medida en la prestación de servicios públicos. Everett Kelley, presidente nacional de AFGE, advirtió que la eliminación de empleados públicos podría tener “consecuencias enormes e imprevistas”, afectando a los ciudadanos que dependen de un gobierno funcional.
Este plan de reestructuración representa un giro significativo en la política laboral del gobierno federal, en un contexto donde las agencias buscan equilibrar eficiencia operativa con la continuidad de los servicios públicos.