Jueza federal frena investigación de Trump sobre votantes no ciudadanos en nueve estados
Una jueza federal de Estados Unidos ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) suspender determinadas investigaciones relacionadas con la búsqueda de votantes que presuntamente no tienen ciudadanía estadounidense, al considerar que las autoridades están utilizando bases de datos incompletas y con errores que podrían incluir a ciudadanos legalmente habilitados para votar.
La decisión fue emitida por la jueza Araceli Martínez-Olguín y afecta a nueve estados: California, Connecticut, Georgia, Missouri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin. La medida representa una limitación temporal a las investigaciones impulsadas por el Gobierno del presidente Donald Trump sobre posibles casos de votación ilegal.
Según la magistrada, los registros utilizados por el Departamento de Seguridad Nacional contienen información defectuosa que podría identificar equivocadamente a cientos de miles de personas como posibles votantes no ciudadanos, incluso cuando algunas poseen la ciudadanía estadounidense y tienen pleno derecho a participar en las elecciones.
La orden judicial prohíbe determinadas acciones de investigación sobre el terreno, incluidas entrevistas a personas respecto de las cuales existan indicios de ciudadanía estadounidense. Sin embargo, no impide todas las actividades del departamento relacionadas con la detección de posibles irregularidades electorales.
La resolución está prevista para entrar en vigor el viernes por la tarde, otorgando al Gobierno federal un plazo para presentar una apelación. De mantenerse, sus restricciones continuarán vigentes hasta después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
El fallo responde a una demanda presentada por organizaciones defensoras del derecho al voto, que denunciaron que las investigaciones federales podrían generar temor entre ciudadanos estadounidenses, especialmente aquellos naturalizados, ante la posibilidad de ser incluidos erróneamente en listas de presuntos votantes ilegales.
Beau Tremitiere, abogado de la organización Protect Democracy, calificó la decisión como una protección importante para los ciudadanos naturalizados y sostuvo que las autoridades no deberían investigar a personas cuando existen indicios de que poseen ciudadanía estadounidense.
En su resolución, Martínez-Olguín cuestionó el uso de información reconocidamente incompleta para elaborar listas de personas que serían entrevistadas por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional durante los meses previos a los comicios.
La magistrada también señaló que el interés público en garantizar elecciones seguras y libres de intimidación debe prevalecer frente a las medidas de investigación cuestionadas en la demanda.
El Gobierno de Trump ha defendido la necesidad de investigar posibles casos de votación de personas sin ciudadanía estadounidense, una práctica prohibida en las elecciones federales. Sin embargo, las afirmaciones presidenciales sobre un fraude electoral generalizado cometido por no ciudadanos no cuentan con evidencia que demuestre su existencia a gran escala.
La decisión judicial se produce en un momento de creciente atención sobre la seguridad electoral y los derechos de los votantes, a pocos días de las elecciones intermedias, en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y parte del Senado.
Fuentes varias