El plan de ICE para ampliar las detenciones enfrenta obstáculos legales, técnicos y millonarios costos
La estrategia de la administración de Donald Trump para ampliar de forma considerable la capacidad de detención de inmigrantes enfrenta importantes obstáculos después de que varios de los almacenes adquiridos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para convertirlos en centros de detención de ICE quedaran fuera del plan original o fueran frenados por problemas legales, ambientales y de infraestructura.
El Gobierno federal destinó aproximadamente 1,074 millones de dólares a la adquisición de 11 propiedades o conjuntos de almacenes que formarían parte de lo que las autoridades describieron como una nueva infraestructura de detención migratoria.
Sin embargo, según datos recopilados por Project Salt Box, al menos siete de esos inmuebles, adquiridos por cerca de 707 millones de dólares, habrían sido descartados, redefinidos o encaminados hacia usos distintos a los contemplados inicialmente.
El proyecto pretendía contribuir a una expansión de la capacidad de detención de ICE en momentos en que la administración Trump busca incrementar los arrestos y las deportaciones de inmigrantes.
Problemas legales y de infraestructura frenan los proyectos
La transformación de grandes almacenes industriales en centros capaces de mantener a miles de personas bajo custodia ha resultado más compleja de lo previsto.
Demandas judiciales, regulaciones ambientales, sistemas de agua y alcantarillado, requisitos de infraestructura y oposición de autoridades estatales y municipales han complicado varios de los proyectos.
A los costos de adquisición se suman además las inversiones necesarias para transformar edificios diseñados originalmente para actividades industriales o logísticas en instalaciones de detención.
En Maryland, por ejemplo, se contempló un contrato de remodelación por unos 113 millones de dólares que, según las proyecciones citadas, podía alcanzar los 642 millones. En Arizona, otro contrato rondaba inicialmente los 313 millones de dólares y podía elevarse hasta aproximadamente 704 millones.
Congresistas demócratas y organizaciones defensoras de los inmigrantes han cuestionado la planificación de las adquisiciones y advertido sobre el posible aumento de los costos para los contribuyentes.
Salt Lake City se convierte en uno de los casos más significativos
Uno de los principales reveses ocurrió en Salt Lake City, Utah, donde el DHS desembolsó aproximadamente 145.4 millones de dólares por un almacén de unos 833,000 pies cuadrados.
El objetivo era transformar el inmueble en un gran centro de detención migratoria. Sin embargo, autoridades de la ciudad y el condado acudieron a los tribunales para cuestionar el proyecto.
Posteriormente, el DHS comunicó que ya no utilizaría la propiedad como centro de detención y que el inmueble sería sometido al procedimiento federal correspondiente para determinar su disposición.
La decisión dejó al Gobierno con una propiedad adquirida por más de 145 millones de dólares que ya no cumpliría la finalidad inicialmente anunciada.
Otros centros también encuentran resistencia
Los proyectos previstos para Williamsport/Hagerstown, Maryland, y Surprise, Arizona, también enfrentan disputas legales relacionadas con la transformación de los inmuebles y el cumplimiento de diferentes normativas.
En ambos casos, las propiedades fueron adquiridas, pero su conversión no ha avanzado según los planes originales.
En Roxbury Township, Nueva Jersey, el DHS llegó a señalar que abandonaría el proyecto y vendería el almacén después de encontrar obstáculos para transformarlo en un centro de detención. Posteriormente, el Gobierno reconsideró esa decisión, dejando abierta nuevamente la posibilidad de utilizar la propiedad.
En Social Circle, Georgia, ICE llegó a contemplar una instalación con capacidad para aproximadamente 10,000 detenidos, una cifra especialmente significativa considerando que la comunidad cuenta con alrededor de 5,500 habitantes.
Otros almacenes adquiridos en Pennsylvania enfrentaron dificultades relacionadas con los sistemas de agua, alcantarillado y requisitos ambientales, mientras que el proyecto de Romulus, Michigan, terminó encaminándose hacia una posible venta.
También en Texas uno de los complejos adquiridos estaría en proceso de reventa, aunque permanece la incertidumbre sobre cuánto dinero podría recuperar el Gobierno.
San Antonio continúa adelante, pero con retrasos
No todos los proyectos han sido descartados.
En San Antonio, Texas, continúa el proceso para transformar un enorme almacén en un centro de procesamiento migratorio con capacidad prevista para recibir aproximadamente entre 1,000 y 1,500 personas diariamente.
ICE adjudicó un contrato de 17.3 millones de dólares a GardaWorld Federal Services LLC para desarrollar la instalación, según información citada del San Antonio Express-News.
El proyecto, sin embargo, ha experimentado retrasos y todavía no estaría operativo para recibir personas bajo custodia migratoria.
Cuestionamientos sobre los precios pagados
A los problemas para transformar los almacenes se suman interrogantes sobre los precios que el Gobierno pagó por algunas propiedades.
Project Salt Box analizó escrituras, registros tributarios, información inmobiliaria y propiedades comparables y concluyó que el Gobierno habría pagado por encima del valor de mercado en buena parte de las adquisiciones estudiadas.
Uno de los casos señalados corresponde a Socorro, Texas, donde el DHS pagó aproximadamente 123 millones de dólares por tres almacenes con una superficie conjunta cercana a 826,780 pies cuadrados. Según el análisis citado, las propiedades habían tenido previamente una valoración aproximada de 11 millones de dólares.
En Flowery Branch/Oakwood, Georgia, el Gobierno habría desembolsado aproximadamente 68 millones de dólares por una propiedad cuya valoración previa rondaba los 400,000 dólares, según Project Salt Box.
En Salt Lake City, el precio de 145.4 millones de dólares pagado por el DHS habría estado aproximadamente un 49 % por encima del valor de mercado señalado por esa investigación.
Por su parte, un análisis de CoStar estimó que ICE habría pagado, en promedio, una prima de alrededor del 12 % al 13 % frente a operaciones inmobiliarias comparables.
Inspector General revisa las adquisiciones
Las operaciones se realizaron dentro de una estrategia de expansión de la infraestructura migratoria impulsada durante la gestión de Kristi Noem al frente del DHS.
La administración buscaba desarrollar capacidad suficiente para mantener hasta 100,000 personas detenidas simultáneamente, en un contexto en el que el Congreso había destinado 45,000 millones de dólares en 2025 para incrementar la capacidad relacionada con detención y deportación.
Ahora, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional analiza las adquisiciones para determinar si ICE obtuvo un valor razonable por los recursos públicos destinados a comprar y preparar las propiedades.
El abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, señaló que inversiones de esta magnitud requieren escrutinio cuando no producen la capacidad de detención inicialmente proyectada, tanto por el impacto sobre los recursos públicos como por las consecuencias para los inmigrantes detenidos y sus familias.
La situación representa un obstáculo para uno de los componentes de la política migratoria de la administración Trump: disponer de suficiente espacio para sostener un aumento de los arrestos y deportaciones.
Con siete de los 11 almacenes originales fuera, redefinidos o enfrentando dificultades dentro del proyecto inicial, el Gobierno deberá decidir qué hacer con propiedades adquiridas por cientos de millones de dólares mientras continúa intentando ampliar la infraestructura disponible para las operaciones de ICE.
Fuentes varias