Nueva York y otros 21 estados demandan a la administración Trump por nueva regla de carga pública
Nueva York encabeza una coalición de 22 estados que acudió a los tribunales para intentar frenar una nueva regulación migratoria de la administración del presidente Donald Trump, una medida que podría dificultar la obtención de visas y tarjetas de residencia permanente, conocidas como green cards, para determinados inmigrantes que utilizan o podrían llegar a necesitar beneficios públicos.
La normativa, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), modifica la aplicación de la denominada regla de “carga pública”, utilizada por las autoridades migratorias para determinar si una persona podría depender de asistencia gubernamental en el futuro.
La nueva regulación está prevista para entrar en vigor el viernes 18 de septiembre de 2026 y amplía los beneficios que los funcionarios federales podrían tomar en consideración durante la evaluación de ciertas solicitudes migratorias.
Entre los programas que podrían ser analizados se encuentran Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), ayudas de vivienda y otros mecanismos de asistencia social.
Estados advierten sobre temor entre comunidades inmigrantes
La demanda fue anunciada el lunes 14 de septiembre por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la fiscal general del estado, Letitia James.
Los gobiernos que forman parte de la acción legal sostienen que la regulación podría provocar que numerosas familias inmigrantes renuncien a programas de salud, alimentación y vivienda por temor a perjudicar sus procesos migratorios.
Mamdani advirtió que una ciudad como Nueva York podría resultar especialmente afectada debido a la importancia de las comunidades inmigrantes en su población y economía.
Según el alcalde, la incertidumbre generada por la nueva normativa podría llevar incluso a familias con hijos ciudadanos estadounidenses a considerar abandonar beneficios como SNAP o programas de vivienda.
El funcionario pidió a las personas que actualmente reciben asistencia pública no cancelar sus beneficios sin antes consultar con abogados o proveedores de servicios legales confiables.
La preocupación de las autoridades estatales no se limita únicamente a las consecuencias migratorias. También advierten que una caída en el número de beneficiarios podría disminuir el flujo de recursos federales destinados a los estados y afectar hospitales, escuelas, comercios y gobiernos locales.
Coalición de estados y gobiernos locales
Además de Nueva York y el Distrito de Columbia, la coalición demandante está integrada por California, Illinois, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nevada, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin.
La batalla legal también se extenderá al ámbito municipal.
Nueva York encabeza otra coalición conformada por ciudades y condados que prepara una impugnación paralela contra la regulación. Entre las jurisdicciones participantes figuran Chicago, San Francisco, Seattle, el condado de Santa Clara y el condado de King.
La estrategia busca cuestionar la medida desde diferentes niveles de gobierno debido al posible impacto sobre los servicios públicos y las finanzas estatales y municipales.
Letitia James recuerda batalla judicial de 2019
La fiscal general Letitia James recordó que Nueva York ya participó en una disputa similar durante la primera administración de Donald Trump.
En 2019, el gobierno federal intentó ampliar el alcance de la regla de carga pública, lo que provocó una serie de demandas de estados y organizaciones defensoras de los inmigrantes.
James afirmó que, en aquella ocasión, Nueva York logró detener judicialmente la aplicación de la medida y aseguró que el estado volverá a utilizar los tribunales para cuestionar la nueva regulación.
La fiscal sostiene que la norma actual es incluso más amplia que versiones anteriores y concede una elevada discrecionalidad a los funcionarios migratorios al momento de evaluar cada solicitud.
Preocupación por Medicaid, SNAP y programas escolares
Otro de los argumentos planteados por Nueva York está relacionado con las posibles consecuencias sobre los sistemas de salud y alimentación.
James advirtió que el temor a consecuencias migratorias podría provocar que algunas familias cancelen su cobertura de Medicaid y retrasen la atención médica hasta necesitar servicios de emergencia, lo que podría aumentar la presión sobre hospitales y centros de salud.
Una reducción en la participación en SNAP también tendría efectos económicos, debido a que disminuiría el dinero destinado a la compra de alimentos en supermercados, tiendas y pequeños negocios.
Además, las autoridades estatales temen que una menor inscripción en determinados programas pueda afectar mecanismos mediante los cuales algunos estudiantes acceden automáticamente a servicios de alimentación escolar.
Los demandantes sostienen que la administración Trump excedió las facultades otorgadas por la legislación federal de inmigración y que la interpretación utilizada para ampliar el concepto de “carga pública” no corresponde con la intención original del Congreso.
Con la fecha de entrada en vigor acercándose, los 22 estados buscan que un tribunal suspenda la aplicación de la normativa mientras se resuelve el litigio.
El caso abre así un nuevo capítulo en la confrontación entre gobiernos estatales y locales y la administración Trump por el alcance de las políticas migratorias y el acceso de las comunidades inmigrantes a programas públicos en Estados Unidos.
Fuentes varias