Transición incierta en Venezuela tras la caída de Maduro: poder militar, presión internacional y resistencia interna
La destitución de Nicolás Maduro abrió en Venezuela un escenario político inédito, marcado por la incertidumbre sobre la viabilidad de una transición democrática en un contexto de tutela internacional, tensiones geopolíticas y persistencia de sectores leales al régimen derrocado. Una operación militar de Estados Unidos puso fin de manera abrupta a más de dos décadas de autoritarismo chavista y dio paso a un proceso cuyo desenlace aún está lejos de definirse.
Según analizó la columnista Mary Anastasia O’Grady en The Wall Street Journal, por primera vez en 25 años se vislumbra una posibilidad real de retorno a la democracia y al pluralismo político. Sin embargo, advirtió que el derrocamiento de Maduro no representa el final del problema, sino el inicio de una fase ambigua que dependerá del liderazgo de Washington y de la disposición de los actores internos a aceptar el cambio.
La operación militar se ejecutó durante la madrugada, con bombardeos que neutralizaron defensas antiaéreas y destruyeron objetivos estratégicos como Fuerte Tiuna y el aeropuerto militar de La Carlota, dejando a Caracas parcialmente sin suministro eléctrico. Fuerzas especiales ingresaron al anillo de seguridad presidencial y, a las 4:21 a. m., el presidente Donald Trump anunció la captura y extradición de Maduro y de su esposa, Cilia Flores. La imagen del exmandatario esposado se difundió rápidamente a nivel internacional.
Las reacciones no se hicieron esperar. Gobiernos como los de Colombia, Cuba y Brasil, así como congresistas demócratas en Estados Unidos, condenaron la intervención al considerarla una violación de la soberanía venezolana. En contraste, comunidades venezolanas en el exilio celebraron la caída del régimen, interpretándola como una oportunidad concreta de retorno y reconstrucción nacional.
Trump reconoció el carácter provisional del triunfo militar al señalar que Estados Unidos administrará el país mientras se ejecuta una transición “segura, apropiada y juiciosa”. Para O’Grady, esta declaración generó inquietud por la falta de claridad sobre los mecanismos y el alcance de dicha tutela internacional.
En el plano interno, Caracas permanecía en relativa calma, mientras la oposición democrática, encabezada por María Corina Machado, observaba con cautela el desarrollo de los acontecimientos. Aunque la cúpula del poder fue desarticulada, figuras clave como el ministro del Interior, Diosdado Cabello, llamaron a la resistencia desde la clandestinidad. Reportes no confirmados indicaron además la salida del país de altos mandos militares.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Maduro tuvo la opción de abandonar Venezuela sin violencia, pero su negativa llevó a la demostración de fuerza militar. Ahora, el exmandatario enfrenta cargos por narcotráfico en un tribunal federal de Nueva York, con posibles condenas severas.
Washington centra ahora su atención en Delcy Rodríguez, señalada como la figura que habría asumido el mando político. Estados Unidos presiona por una transición negociada, consciente de que la estabilidad del proceso depende del respaldo o la neutralidad de las Fuerzas Armadas venezolanas. La estrategia busca evitar errores del pasado, como la disolución total de estructuras militares, y propiciar una transferencia de poder que conduzca a elecciones.
Pese a las advertencias, Rodríguez ha declarado que no abandonará el poder, respaldada —según el análisis— por presiones de Cuba y Rusia, así como por los beneficios derivados de redes de criminalidad organizada. Trump, no obstante, dejó abierta la posibilidad de una nueva fase de intervención militar si la resistencia persiste.
El futuro político de Venezuela sigue siendo incierto. Para O’Grady, el fundamento democrático de la intervención radica en la voluntad popular expresada en las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que el candidato opositor Edmundo González obtuvo cerca del 70% de los votos. La columnista concluye que Estados Unidos posee la autoridad moral para respaldar una transición plena, siempre que asuma ese compromiso de manera integral.
Fuentes varias