Connecticut refuerza la protección de datos ante solicitudes federales
Ante la creciente preocupación de que agentes federales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puedan acceder a la información personal de los residentes, la Legislatura de Connecticut aprobó este mes una nueva ley que restringe el intercambio de datos sensibles por parte de agencias públicas.
La medida prohíbe que entidades estatales y municipales —incluidas escuelas— compartan direcciones, horarios de trabajo, citas con agencias públicas o “cualquier otra información que indique fecha, hora o lugar donde una persona pueda ser localizada”.
Scott Gaul, director estatal de datos, señaló que trabajará con las agencias para establecer procedimientos que garanticen la protección de la información señalada y definan cómo manejar solicitudes externas. “La intención de esta legislación es asegurar que las personas confíen en el gobierno y sientan que pueden interactuar con las agencias estatales y acceder a los beneficios que les corresponden”, afirmó Gaul.
Desde marzo, la administración Trump exige a los estados otorgar “acceso irrestricto” a datos personales —como nombres, direcciones, fechas de nacimiento y números de Seguro Social— de programas financiados federalmente. Connecticut se negó. Sin embargo, funcionarios federales intentaron obtener la información acudiendo al proveedor externo de datos de beneficiarios de SNAP. La solicitud fue rechazada, pero encendió alarmas sobre métodos “agresivos” para acceder a datos, según Gaul.
La preocupación también ha alcanzado al sector sin fines de lucro. En una serie de seminarios, expertos aconsejaron a organizaciones comunitarias implementar respuestas predeterminadas para preguntas sensibles y utilizar claves de encriptación, aunque reconocieron que estas herramientas suelen estar disponibles solo para organizaciones grandes con personal técnico especializado.
Para Tabitha Sookdeo, directora ejecutiva de CT Students for a Dream, la situación representa un dilema. “Intentas proteger los datos de tus clientes, pero los necesitas para que tu organización funcione”, explicó. Relató el caso reciente de un estudiante de secundaria detenido por ICE, en el que requirió acceder rápidamente a la información de contacto de sus padres, aun con el riesgo de que esos datos pudieran ser expuestos.
Aunque la nueva ley fortalece la protección de datos en manos de agencias de Connecticut, no puede impedir que entidades federales como el IRS compartan información con ICE. Esto ha generado inquietud entre jóvenes inmigrantes que preguntan si es seguro presentar sus impuestos. Según Sookdeo, en muchos casos “los beneficios superan el riesgo”, sobre todo para quienes necesitan mostrar un historial continuo de pago de impuestos en trámites migratorios.
El fiscal general William Tong se unió en julio a varias demandas contra los intentos federales de obtener datos de beneficiarios de SNAP y de permitir que HHS comparta información de pacientes de Medicaid con ICE. Activistas señalan, sin embargo, que la ley no cubre específicamente datos relacionados con salud reproductiva, género o sexo. Aun así, organizaciones como la ACLU consideran que la legislación es un avance inicial importante.
Gaul destacó que, si bien el estado cuenta con leyes de protección de datos y prácticas recomendadas, aún carece de una política integral de privacidad para el sector público. “Es un paso en esa dirección, pero todavía queda trabajo por hacer”, afirmó. El control demócrata del poder Ejecutivo y Legislativo facilitó la aprobación del proyecto, que avanzó con apoyo mayoritario del partido y solo tres votos republicanos a favor.
En contraste, Vermont accedió a entregar datos de beneficiarios de SNAP tras la solicitud federal, pese a la oposición de su legislatura demócrata.
La erosión de capacidades federales de recopilación de datos también preocupa a Connecticut. El apagón temporal del sitio del Censo y la suspensión del registro de crímenes motivados por identidad de género en el Departamento de Justicia generan dudas sobre la fiabilidad de los datos nacionales.
Por ahora, Connecticut optará por restringir su participación en iniciativas interestatales de intercambio de información. “Algunas ideas eran excelentes hace tres años, pero no ahora”, concluyó Gaul.
Angela Eichhorst (CT Mirror)