Trump exige destitución de juez que bloqueó deportaciones de migrantes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado sus críticas contra el juez federal James E. Boasberg tras su fallo que impidió la deportación de más de 200 migrantes venezolanos. A través de su red social, Truth Social, Trump calificó a Boasberg de “lunático radical de izquierda” y exigió su destitución, acusándolo de actuar con un sesgo político en contra de su administración.
El juez Boasberg ordenó la suspensión de los vuelos de deportación, argumentando que la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) de 1798 era inapropiada en este contexto. Dicha normativa, creada en el siglo XVIII, ha sido utilizada en pocas ocasiones en la historia de Estados Unidos, principalmente durante la Segunda Guerra Mundial para la detención de ciudadanos de países enemigos.
Pese a la orden judicial, la administración Trump llevó a cabo la expulsión de los migrantes, lo que ha generado controversia legal. El Departamento de Justicia ha solicitado que Boasberg sea reemplazado en el caso, argumentando que su decisión constituye un “ejercicio inapropiado de jurisdicción”. Mientras tanto, el juez ha exigido explicaciones sobre por qué su orden fue ignorada.
Funcionarios de alto nivel del gobierno, como la fiscal general Pam Bondi y la secretaria de prensa Karoline Leavitt, han defendido la postura de Trump, asegurando que las deportaciones son necesarias para la seguridad nacional, ya que los migrantes expulsados estarían presuntamente vinculados al grupo criminal Tren de Aragua.
El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros en tiempos de paz ha generado un intenso debate. Críticos de la administración Trump argumentan que la aplicación de esta normativa en el actual contexto es una interpretación excesiva del poder ejecutivo. Sin embargo, el mandatario sostiene que la llegada de migrantes con presuntos vínculos criminales representa una “invasión”, justificando su decisión como una medida de protección nacional.
La tensión entre el poder judicial y el gobierno de Trump sigue en aumento, mientras se esperan decisiones clave en los tribunales sobre la legalidad de estas deportaciones y la continuidad del juez Boasberg en el caso.
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