Pto. Rico: Intentan salvar crisis economica

San Juan, 23 Junio (EFE).- El Legislativo de Puerto Rico se enfrascó hoy en un largo debate sobre las cuentas que regirán en la isla durante el próximo año fiscal, que empieza en julio, mientras el Gobierno estudia cómo posponer ciertos pagos de deuda para poder pagar las nóminas, que absorben la mitad de ese presupuesto. El presupuesto para el ejercicio fiscal 2015-16 ronda los 9.800 millones de dólares, en línea con el de este año, aunque incluye recortes de gastos de unos 675 millones para paliar así el incremento en los costes relacionados con la deuda. En total, el próximo ejercicio se destinará, según el presupuesto que se está debatiendo, 1.429 millones al pago de una deuda que asfixia a la isla, lo que supone cerca del 15 % de todo el presupuesto para el ejercicio que comienza el próximo 1 de julio. De esa cantidad, 1.011 millones serán para pagar compromisos derivados de las obligaciones generales del Estado (GOs), los únicos instrumentos de deuda cuyo pago está amparado por la Constitución de Puerto Rico, que establece que éstas deberán tener preferencia antes que cualquier otro gasto público. A ello hay que sumar los mas de 640 millones de dólares que se destinarán a pagar sistemas de retiro (jubilaciones) y los 250 millones que se reservarán por si los ingresos no alcanzan las previsiones del Gobierno, que en julio pondrá en marcha una reforma tributaria que incluye una subida de impuestos generalizada. A grandes rasgos, el presupuesto destina además 1.600 millones de dólares a educación, 730 a la Policía, 375 a prisiones, 1.120 a salud, 430 al sistema de justicia, 300 al Departamento de la Familia, 76 a la Universidad de Puerto Rico, y 365 a los municipios. En paralelo a este debate legislativo, también tiene lugar otro sobre la propuesta del Gobierno de suspender el traspaso de 93 millones de dólares que de forma automática se hace cada mes a un fondo de reserva para pagar las GOs. El Fondo Especial para la Amortización y Rendición de las Obligaciones Generales se creó como colchón para ir pagando esos compromisos con los bonistas, tal y como establece la Constitución. Sin embargo, el Gobierno ha presentado un proyecto de Ley para suspender ese pago mensual, con el compromiso de acumularlo al final de cada semestre, lo que le permitiría cierta liquidez en este comienzo del ejercicio fiscal para seguir pagando las nóminas de los empleados públicos. Se trata de atender las alertas lanzadas por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) -el brazo financiero del Gobierno- advirtiendo que no tiene liquidez para comenzar el año, lo que, de no solucionarse, podría llevar a un cierre gubernamental. Esta medida tiene que ser votada el próximo jueves, 25 de junio, como muy tarde, ya que ese día es el último de la Asamblea Legislativa para aprobar iniciativas legislativas en esta sesión. La iniciativa sólo se activaría si el Gobierno no logra emitir los 1.200 millones de dólares en notas en anticipación de contribuciones e ingresos (TRANs) que está tratando de colocar en el mercado. Los TRANs se emiten periódicamente para dotar de liquidez al Gobierno mientras le entran ingresos a través de la recaudación de impuestos. Sin embargo, este año los mercados no parecen dispuestos a seguir prestando a Puerto Rico, en vista de su gran cantidad de deuda, la baja calificación de ésta y la escasez de credibilidad de sus planes. De hecho, el Gobierno se está planteando forzar a que sean algunas de las empresas públicas de la isla las que compren parte de los TRANs, en torno a 400 millones de dólares. También está previsto que en los próximos días el Gobierno difunda el plan financiero y fiscal a cinco años que le reclaman Washington y los bonistas si quiere tratar de recuperar algo de confianza. En ese plan trabajan varios expertos estadounidenses contratados por el Gobierno, como la exdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y execonomista en jefe del Banco Mundial, Anne Krueger, y es de prever que se pinte un duro panorama sobre la realidad financiera de la isla que ayude a justificar recortes en el gasto público y suspensiones de pagos.

 
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EFE

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